Ni el estado de excepción que rige en el país hizo que se cambiara la audiencia de la Acción de Protección presentada por un grupo de trabajadores de Furukawa en contra del Estado y de la abacalera.
Ayer, la Casa Judicial lució llena. Más de 123 abacaleros llegaron para presenciar la diligencia, la cual fue convocada por el juez Carlos Vera Cedeño.
La firma de capital asiático, que tiene haciendas en Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, ha sido acusada de abusos laborales y esclavitud moderna, algo que fue desvelado hace tres años.
Al ingreso del recinto judicial hubo disturbios, debido a que inicialmente solo se pretendía que ingresaran a la sala contados accionantes, el juez y los abogados de ambas partes.
La Policía y la seguridad privada de Furukawa impedían la entrada al resto de trabajadores.
Luego, el juez Vera instaló la audiencia en tres salas.
El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, mediante Twitter, calificó la actuación del juez como “irresponsable” , “al convocar a una audiencia con 123 personas sin respetar los protocolos de bioseguridad”.
Carrión, que fue convocado a brindar su testimonio, solicitó previamente que la audiencia se realice por canales digitales o esta sea diferida, pero el pedido no fue aceptado.
Los abacaleros son respaldados por el Comité de Solidaridad “Furukawa Nunca Más”.
La audiencia se extendió por varias horas y al final del día fue suspendida. La nueva fecha no fue dada a conocer.
> Derecho. Arison Briones, uno de los trabajadores, llegó a la Casa Judicial cargando su muleta.
Hace siete años perdió la pierna mientras laboraba en una de las haciendas de Furukawa.
“Yo no hubiera perdido mi pierna, pero me tuvieron una hora en atención médica de Furukawa por no llevarme a una clínica. La empresa me dijo ‘te vamos a ayudar’, han pasado 7 años y no me han dado nada”, sostuvo.
El juez definirá si hubo violaciones de derechos constitucionales, entre ellos la explotación laboral y la esclavitud. A la par de otros derechos vulnerados como acceso a la vivienda, salud y educación, en los que el magistrado podría ordenar medidas de reparación para los accionantes. Ellos son una parte de los 1.200 presuntos perjudicados que han trabajado para la firma en los últimos 60 años.
Algunos de ellos presentan mutilaciones debido al trabajo con la fibra.
En la medida solicitaron garantías de no repetición para que la situación que han tenido que vivir no se vuelva a presentar en Ecuador. Así mismo que Furukawa les ofrezca disculpas y que la firma sea sancionada.
En febrero de 2019, salió a la luz el caso de esclavitud moderna. El mismo año, un informe de la Defensoría del Pueblo, comprobó que cientos de personas laboraban en condiciones precarias, con salarios bajos, en medio de enfermedades. También se habló de trabajo infantil y de la falta de un seguro social.
