Mayra Valdez esperó 24 años por justicia. La mujer nació en las haciendas de la compañía Furukawa, creció entre las plantaciones de abacá (planta) y salió de uno de los campamentos cuando la compañía los desalojó.
No recibió liquidación ni ninguna ayuda por los años laborados sin vacaciones ni seguro social.
Casi toda su familia trabajó en el tuseo y tendaleo de la fibra que da la planta usada para fabricar billetes, vehículos y barcos.
Luego del desalojo, el padre de Mayra falleció a causa de cáncer de pulmón originado por la manipulación del abacá, según la demanda.

Desde 2018, año en que se hicieron públicas las supuestas vulneraciones de derechos de la firma de capital asiático, ella ha sido una de las voces de todos los abacaleros que buscaron justicia y reparación por los daños ocasionados supuestamente por la empresa.

Valdez y tres de sus familiares integran la lista de accionantes de una acción de protección presentada en diciembre de 2019, la cual fue resuelta el 25 de enero al determinar la existencia de esclavitud moderna.
El pasado lunes 19 de abril el juez Carlos Vera Cedeño notificó las medidas de reparación que deberán acatar la firma y el Estado ecuatoriano en una sentencia de 246 páginas.
Un perito deberá determinar los montos de las indemnizaciones de acuerdo al tiempo laborado de cada abacalero que deberá desembolsar Furukawa.
También se ordena la entrega de cinco hectáreas a cada accionante o su equivalente en dinero, usando como referencia el valor promedio comercial de la tierra en la zona comprendida entre los kilómetros 33 y 42 de la vía Santo Domingo-Quevedo, donde la firma japonesa tiene sus haciendas.
María Alejandra Zambrano, abogada de los accionantes, señaló que mientras ambas reparaciones no se cumplan seguirán vigentes las medidas cautelares para evitar más desalojos dentro de los campamentos.
Furukawa también deberá pedir disculpas públicas.
Mientras que el Estado tendrá que dar atención integral en salud a los afectados, muchos de ellos con amputaciones causadas por manipular la fibra y garantizar el derecho a la educación de sus familias.
“El juez, luego de constatar esclavización, ordena al Ministerio de Trabajo vigilancia constante en las 32 haciendas de Furukawa”, señala la jurista.
Para Mayra, esta victoria legal “los llena de felicidad”. “Estamos contentos porque por primera vez en la historia hemos ganado un juicio en contra de la empresa”, dijo.
Zambrano sostiene que la sentencia es de primera instancia y fue apelada por el Ministerio de Trabajo. Esta dependencia gubernamental retiró esta semana, mediante un acuerdo, la condecoración “Al mérito laboral” a Hiroko Furukawa, apoderada legal de la compañía.

MÁS CASOS. La abogada informó que tras esta victoria legal otro grupo de 200 abacaleros presentará una medida de protección con el apoyo de la Defensoría del Pueblo.
Un informe del Ministerio de Gobierno determinó al menos 1.200 afectados por la firma.
Zambrano señala que los abacaleros esperan recuperar su vida. “Ellos no conocen una vida distinta a la que han tenido, muchos de ellos han nacido en las haciendas de Furukawa. Lo que ellos quieren es un cambio de vida desde lo más simple que es poder tener una vivienda digna con condiciones humanas de habitabilidad. Aspiran poder educarse porque la mayoría son analfabetos funcionales”, afirmó.

La firma no se ha pronunciado sobre esta resolución de un juez ecuatoriano.