De 67 instituciones públicas, solo 10 cuentan con permiso de funcionamiento por parte del Cuerpo de Bomberos de Portoviejo.

Otras 55 se encuentran en proceso de regularización del permiso del 2021 y dos tienen permiso hasta el 2020 y 2018, respectivamente, es decir, ya vencido.
Ingrid Saltos, comandante bomberil, explicó que deben cumplir con los sistemas de prevención contra incendios y avalar el pago para el funcionamiento, este último lo ha realizado la mayoría de las instituciones. “Dependiendo de los metros cuadrados son los requisitos y condiciones del tipo de sistema a instalar”, dijo.
De acuerdo al informe de los bomberos, las 67 instituciones que tienen oficinas en Portoviejo cuentan con sistema contra incendios y de estas, 24 están potenciándolo. El costo del permiso depende del número de metros cuadrados que tenga la entidad. “Se ha remitido al gobernador la lista de las entidades dependientes del Gobierno Central para que él insista a las autoridades en que deben cumplir los requisitos”, mencionó.

SANCIÓN. Saltos dijo que por no tener permiso de funcionamiento dentro del periodo fiscal, la multa equivale al 15% de un salario básico ($60), además de la tasa del año respectivo. En caso de que ocurra un siniestro y la institución no cuente con permisos, puede ser sancionada con multa de 5 ($2 mil) a 20 ($8 mil) SBU.
Por la tasa de permiso de funcionamiento, el Cuerpo de Bomberos recibió en 2019 $326.809; en el 2020 fueron $336.768; y, $301.110 en lo que va del 2021.

seguimiento. Juan Francisco Núñez, gobernador, indicó que están dando seguimiento para que las entidades cumplan los requisitos. “Hemos encontrado buena voluntad de querer colaborar”, dijo.
Julio Yépez, director del CNE, con permiso vigente hasta el 2018, informó que están al día en el pago de permisos, pero que los bomberos como observación le pidieron instalar un sistema contra incendios hidráulico. “Se están haciendo las gestiones para poder tener todo en regla”, comentó.
El Diario solicitó información a varias de las instituciones que no cuentan con el permiso, pero la mayoría no respondió. Desde el Registro Civil se indicó que el pago está en proceso y ya fue certificado.
Algunos ciudadanos dijeron que la ley es para todos, y que si a los establecimientos particulares se les exige su cumplimiento, igual debe ser para las instituciones públicas.