Algunas casas del reasentamiento de El Guabito estarían siendo alquiladas, mientras hay personas que no tienen dónde vivir.

Es el caso de Nancy López, quien desde hace 2 años y 4 meses vive en una carpa. La mujer perdió su casa en el terremoto y después fue desalojada del lugar donde alquilaba en este conjunto habitacional, construido principalmente para quienes fueron damnificados del 16A.
“Aquí la mayoría de las casas son arrendadas, hay algunas que están vacías, que no ocupan, pero uno no puede decir nada porque la tildan de sapa”, acotó.
Contó que vivió siete meses en una de estas viviendas y pagaba $60 de alquiler.
“Nos dicen que hay que esperar porque no hay casas, pero aquí alquilan y las autoridades lo saben. Nosotros vivimos en carpa y las necesidades biológicas las hacemos en el monte”, comentó.
“Fabricio” contó que él arrienda una de estas viviendas entregadas por el Gobierno. El hombre, que pidió reservar su nombre por miedo a represalias, dijo que esta realidad es “un secreto a voces”.

Desde la coordinación zonal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) se informó que realizan trabajos constantes de vigilancia con el área jurídica, técnica y social sobre el uso de las viviendas, catalogadas de interés social, y de los reasentamientos o urbanizaciones construidos por el Estado, porque estos deben ser utilizados por quienes resultaron beneficiados con la entrega.
“Cuando tenemos una sospecha o una alerta de una vivienda posiblemente alquilada, el Miduvi interviene para realizar un trabajo en sitio para verificar si es el beneficiario”, se explicó.
En caso de que la vivienda esté siendo ocupada por otra personas, se envía una notificación al propietario hasta comprobar o descartar que esté en uso del beneficiario inicial.
El acuerdo ministerial 11-20 detalla los casos en los que se podría realizar la reversión de la vivienda.
Entre ellos está tener un comportamiento que altere el orden social y comunitario; uso inadecuado de la vivienda como comercial, arriendo o subarriendo, crear conflictos vecinales por el uso inadecuado de áreas comunales, descuidar la vivienda y su mantenimiento, criar animales en la vivienda o espacios externos, tener conductas consideradas como delitos o contravenciones.
“El año pasado iniciamos una reversión en Portoviejo con todo el procedimiento. Ahora lo que estamos haciendo en territorio es comprobar si las viviendas están incurriendo en una de las causales para una posible reversión”, se indicó.
Según se informó desde la entidad, solo una vez se ha realizado una reversión (quitar la vivienda) en el cantón, y actualmente efectúan dos investigaciones al respecto.
Las personas que detectan el mal uso de las casas pueden denunciar en las oficinas del Miduvi, donde mantienen la reserva del caso.
En agosto del 2020, el Miduvi desalojó a unas 40 familias que habían invadido casas.

El Miduvi califica de difícil realizar una reversión de vivienda porque deben tomar en cuenta que no sean parte de un grupo prioritario o vulnerable, se dijo.