Menos de 30 días tiene la Asamblea Nacional para resolver el veto parcial del Ejecutivo a la ley de aborto en casos de violación.
El texto enviado por el presidente Guillermo Lasso llegó el pasado 16 de marzo al Legislativo. Es decir, que el plazo concluiría el 15 de abril.
El veto contiene 61 objeciones a igual número de artículos. El proyecto aprobado por los legisladores el 17 de febrero pasado, con 75 votos, tiene 64 artículos.
El documento debe pasar directamente a la Comisión de Justicia, que fue la encargada de procesar la iniciativa legal, cuya elaboración fue dispuesta por la Corte Constitucional (CC) en la sentencia de abril del año pasado, por la cual despenalizó el aborto en casos de violación.
Informe y votación. La mesa elabora el informe no vinculante en que se puede sugerir el allanamiento total o parcial (a ciertos puntos) del veto; y ratificarse en todo o en partes de lo aprobado.
Esto se somete a votación del pleno, que tiene 137 legisladores.
Para allanarse al veto se requiere una mayoría simple (la mitad más uno de los presentes); y para ratificarse en lo que aprobó la Asamblea se necesita una mayoría calificada (92 votos).
Al momento, según los primeros diálogos políticos al respecto, no habría esta mayoría calificada para insistir en lo aprobado.
Si la Asamblea no se pone de acuerdo en alguna de estas opciones, la norma entraría en vigor por el Ministerio de la Ley, pero con los cambios que constan en el veto del Ejecutivo.
Cambios. Lasso objetó desde el título de la norma y conceptos de fondo, hasta los tiempos límite y los requisitos para interrumpir el embarazo, así como temas referidos a la objeción de conciencia y a la labor de las casas de salud, Fiscalía y otros organismos.
Estos cambios han despertado un sinnúmero de reacciones. En tanto, sectores provida católicos emitieron un comunicado en el que dicen que el veto del Ejecutivo es “tibio, cobarde y cómplice”.
Martha Cecilia Villafuerte, vocera de Familia Ecuador, señaló que la Corte Constitucional, la Asamblea y el Ejecutivo no han cumplido con su deber de proteger la vida desde la concepción como lo estipula la Constitución de la República.
Desde el Consejo de Resistencia, Fe, Vida y Familia, que conforman iglesias evangélicas, se anunció un festival por la vida en el que rechazarán el veto de Lasso. Será este viernes en Guayaquil.
“El veto ignora que la ley de aborto por violación es para reparar a las víctimas”, explicó la directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), María Dolores Miño.
“A una víctima no se le condiciona la posibilidad de ser reparada, se le facilita ese acceso a la reparación”, agregó.
Además, la abogada señaló que las exigencias parten de una concepción de desconfianza hacia las mujeres y de presunciones acerca de su naturaleza y comportamiento: “van a mentir, se van a inventar”.
La revictimización también está, por ejemplo, en que “las que ya fueron una vez víctimas al haber sido violadas, vuelven a serlo cuando no se contempla su realidad de mujeres empobrecidas, víctimas de violencias persistentes o niñas, que por esas condiciones no tienen la posibilidad de ir hasta las 12 semanas a una notaría o a una fiscalía a denunciar”, señala Miño.
“Esos requerimientos claramente fueron hechos por personas que jamás han estado embarazadas y que no saben lo que es carecer de medios para acceder a esos servicios”, enfatizó.
