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Verónica Abad, vicepresidenta, presentó una denuncia por supuesta violencia política contra el Presidente Daniel Noboa y otros funcionarios de su Gobierno.

La asesora presidencial, Diana Jácome, recusó al juez inicial y el pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó su solicitud.

El juez Fernando Muñoz dejó de conocer el caso después de que el TCE, con cinco votos a favor, resolviera aceptar la recusación interpuesta por Jácome, quien también es parte del proceso junto a la canciller Gabriela Sommerfeld y el viceministro Esteban Torres.

El proyecto de resolución lo presentó el juez Richard González y contó con el apoyo de Ivonne Coloma, Guillermo Ortega, Joaquín Viteri y Ángel Torres. Ahora, el TCE deberá sortear a otro juez para que sustancie la causa electoral impulsada por Abad contra Noboa y sus funcionarios.

La recusación suspendió, desde el 28 de agosto, los plazos y términos para la tramitación de la causa. El proceso se retomará una vez que exista un nuevo juez ponente. Verónica Abad denunció una supuesta infracción electoral grave el 8 de agosto, acusando a la Canciller de negarle un permiso de cinco días para resolver asuntos familiares y de salud.

En su escrito, la vicepresidenta Abad pide que se aplique una multa de 70 salarios básicos unificados, lo que se traduce a 32 mil 200 dólares, a los denunciados. Y, en el caso del presidente Noboa, la destitución y pérdida de sus derechos políticos por cuatro años.

A Verónica Abad, el Presidente Daniel Noboa la envió a Israel en diciembre del 2023. El primer mandatario le asignó el rol de embajadora. Ahora, la funcionaria señala a Noboa de querer impedirle asumir funciones presidenciales cuando el Presidente deba pedir licencia para hacer campaña por la reelección.