El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, renovó el estado de excepción en las prisiones por 30 días más por la “grave conmoción interna” generada por motines y masacres que acumulan 320 muertos en lo que va de 2021.

A través del Decreto Ejecutivo 276 divulgado este lunes por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, se extiende la medida y establece la participación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para “restablecer la convivencia pacífica” en los centros penitenciarios.

Una de las medidas que establece el documento es la suspensión del derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y la libertad de asociación y reunión de los reos.

Es decir que, las personas recluidas no podrán acceder a su correspondencia sin que antes haya sido revisada por las fuerzas del orden y de la misma manera para los mensajes salientes.

El documento reconoce un “déficit teórico” de 2.500 agentes de seguridad carcelaria a nivel nacional y afirma que, en cambio, en las provincias donde hay una cárcel existe la presencia de 0,67 policías por cada preso.

Por lo que “esto demuestra que el número de agentes de seguridad penitenciaria y policías resultaría insuficiente para controlar la situación presente” en las cárceles, detalla el Decreto firmado por el presidente.

En consecuencia, el Decreto dispone la movilización de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía “dentro del marco constitucional y legal vigente, y en respeto a los derechos humanos”.

El objetivo, según las autoridades, es prevenir un acontecimiento violento como el último que dejó más de sesenta presos asesinados dentro de la Penitenciaria del Litoral, en la provincia costera de Guayas (suroeste).

Lasso firmó la primera declaratoria de estado de excepción el pasado 29 de septiembre tras la masacre más grande dentro de las prisiones, que se saldó con 118 fallecidos, y se extendió por 60 días.

Otra medida igual, fuera de las cárceles, está vigente hasta el 18 de diciembre en nueve provincias ecuatorianas por la creciente ola de crímenes e inseguridad. EFE