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El Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, desató rechazo en varias organizaciones de Derechos Humanos de Ecuador. Surge tras su cadena nacional de este 6 de enero, en las que aseguran, minimizó la desaparición de cuatro niños en Guayaquil.

Consideran que Loffredo calificó las denuncias como “persecución política”, y que estigmatizó a defensores de derechos humanos. También creen que “amenazó” a la jueza constitucional que reconoció el caso como desaparición forzada.

Dichas organizaciones señalan que Loffredo busca deslegitimar la sentencia de hábeas corpus. Adicionalmente, que “pretende garantiza impunidad para los responsables de los crímenes”.

El caso ocurrió cuando el 8 de diciembre del 2024 16 militares de las Fuerzas Armadas detuvieron a cuatro niños. Posteriormente, fueron encontrados calcinados en la zona del río Taura y confirmada su identidad el 31 del mismo.

Consideran amenazas las palabras de Loffredo

La justicia constitucional determinó que estos actos constituyen desaparición forzada. Ordenó medidas de reparación, entre ellas, disculpas públicas del Ministerio de Defensa, que dejan entrever las oenegés, son desacreditadas por Loffredo.

“Rechazamos las falsas disculpas públicas emitidas por el ministro de defensa Gian Carlo Loffredo que intenta burlar la justicia constitucional”, agregan.

Asimismo detallaron que Loffredo pretende “denigrar el acceso a la justicia de las familias de los cuatro niños de las Malvinas”.

Las organizaciones denunciaron que el discurso del ministro refleja una política de militarización sin fiscalización, agravando violaciones de derechos humanos bajo el estado de excepción vigente.

Asimismo, alertaron sobre el intento de “criminalizar a quienes exigen verdad, justicia y reparación”. Así también el uso del aparato estatal para amedrentar a jueces independientes.

Hacen un llamado a la comunidad internacional

Reiteraron su rechazo al “llamamiento a la impunidad, que pretende desconocer la responsabilidad estatal en los hechos” y “desviar la atención con acusaciones políticas infundadas”.

Los defensores de derechos humanos advirtieron que lo que consideran amenazas de Loffredo no los detendrán. Continuarán denunciando las graves violaciones cometidas y respaldando a las familias de las víctimas.

Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos a exigir al Ecuador el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en esta materia.