Ocho militares de las Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) son procesados bajo sospechas de la explosión del radar ubicado en el cerro de Montecristi.
Ellos estaban encargados de la seguridad en el radar y deberán rendir su versión ante la Fiscalía.
Así lo informó este lunes el ministro de Defensa, Luis Hernández, en una rueda de prensa en la que no abundó en detalles sobre las líneas de investigación que se siguen, para no entorpecer las indagaciones que se llevan de momento con reserva.
Aunque el ministro no descartó la posibilidad de que la explosión haya sido provocada por un atentado, remarcó que la indagación primaria efectuada por la Policía no encontró indicios ni elementos relacionados con dispositivos de detonación.
“No me podría adelantar con ninguna hipótesis”, pero “no está descartado nada en la investigación”, añadió el ministro sobre el caso, en el que también se ha especulado sobre un posible fallo en el sistema de engranaje del aparato.
“Sólo los técnicos podrán determinar la medida del daño”, agregó Hernández tras insistir en que el radar ha quedado, por el momento, inhabilitado, pero bajo la cobertura de un reaseguro.
Aunque no dio plazos, el ministro dijo confiar en que se ofrecerán mayores detalles del suceso en los próximos días.
“Esto tiene que ser investigado” y los eventuales responsables “deben ser sancionados” o “llevados ante la ley”, agregó Hernández, tras remarcar que la inhabilitación del radar de Montecristi ha sido suplida con otras acciones, que no detalló.
El esfuerzo que hace el Gobierno ecuatoriano contra el narcotráfico da muestra de que esa actividad ilegal está muy activa, remarcó Hernández, tras advertir que su país vive bajo el acoso de “este mal que nos puede devorar a todos”.
El radar entró en funcionamiento el pasado 28 de octubre, como medida del Gobierno para controlar el tráfico de aeronaves en esa zona, y sobre todo aquellas de pequeño tamaño que se dedican al tráfico de droga.
El narcotráfico ha echado raíces en los últimos años en Ecuador como país de tránsito, y una espiral de violencia entre bandas este año que compiten por el mercado, con un incremento severo de homicidios y ajustes de cuentas en prisiones, ha llevado al Gobierno del presidente Guillermo Lasso a tomar medidas de excepción. EFE
