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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reconoció que necesitan personal y asistencia militar extranjera para combatir la violencia y la inseguridad.

Esta situación ha venido creciendo en los últimos años y en estos días ha alcanzado un repunte sin precedentes, coincidiendo con la salida de la cárcel de un líder criminal.

“Hemos aceptado el apoyo de Argentina y de Estados Unidos”, señaló el mandatario. “No es momento de ego o vanidad, de decir ‘no, vamos a proteger nuestra soberanía, no vengan militares'”, indicó en una entrevista en FM Mundo.

Y añadió: “Necesitamos apoyo militar en fuerza de personas, soldados, asistencia en inteligencia, artillería y equipamiento”.

En paralelo a estas declaraciones se ha confirmado que una delegación estadounidense viajará en las “próximas semanas” a Ecuador para colaborar con las autoridades locales en la lucha contra los grupos armados.

Lo harán para “explorar con sus homólogos ecuatorianos formas” para “enfrentar la amenaza que representan las organizaciones criminales transnacionales“.

A Ecuador se desplazarán el subsecretario de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson.

También el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan. Y la comandante del Mando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson.

Asistencia militar extranjera por inseguridad

Ecuador se encuentra inmerso en medio de una renovada espiral de violencia tras la fuga del líder de Los Choneros, Adolfo Macías, alias ‘Fito’.

Después de que el Gobierno declarara el estado de emergencia para retomar el control de las cárceles, cundió el caos tanto fuera como dentro de los presidios, obligando al Gobierno a tomar medidas de excepción, como el uso de las Fuerzas Armadas, o toques de queda.

Al menos trece personas han muerto, entre ellas dos policías, cerca de medio centenar han sido secuestradas y más de 300 han sido detenidas, entre ellas los asaltantes del canal TC Televisión.

El servicio de prisiones ha confirmado que al menos 170 personas del personal carcelario siguen retenidas en siete cárceles.