El expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) censuró este jueves la decisión de la Asamblea Nacional (Parlamento) de otorgar amnistías a quienes, según él, “atentaron contra la democracia” en las protestas contra su Gobierno en octubre de 2019.
En un mensaje en Twitter, Moreno aseguró que con las movilizaciones se buscó “dar un Golpe de Estado, entre protestas, secuestros, destrucción de ciudades patrimoniales y actos de vandalismo”, y censuró que fueran “absueltos con 99 votos por la Asamblea Nacional, como si nada hubiera pasado”.
El Parlamento ecuatoriano amnistió a 268 procesados, entre ellos líderes indígenas, defensores ambientales y cargos públicos afines al correísmo por presuntos delitos cometidos durante las protestas sociales que vivió el país en 2019.
Las amnistías abrieron un debate en la opinión pública en torno a la pertinencia de la medida, considerada por unos sectores como necesario gesto de pacificación, y por otros, entre ellos el actual Gobierno de Guillermo Lasso, de injusticia con imputados por delitos violentos.
El exvicepresidente ecuatoriano Otto Sonnenholzner, quien desempeñaba ese cargo cuando se produjeron los disturbios, consideró que se ha dado “amnistía para los violentos y juicios a los que recuperaron la paz y el orden. El derecho a protestar no es patente de corso para el terror”.
Y la que fuera ministra de Gobierno (Interior) María Paula Romo escribió en redes que “ni democracia, ni reconciliación, pura impunidad”, antes de tachar la medida como un “precedente nefasto para nuestra democracia: amnesia para los que atacaron el Ecuador, y castigo para quienes hicieron su trabajo”.
Entre los 268 amnistiados hay 60 que estaban procesados por las manifestaciones de octubre de 2019, mientras que 153 estaban involucrados en protestas en defensa de territorios comunitarios, 43 identificados por organizaciones civiles como defensores ambientales, y doce “criminalizados” por administrar justicia indígena.
Entre el 3 y el 13 de octubre de 2019 Ecuador quedó paralizado por los disturbios que se registraron con especial virulencia en el centro de la capital, y el bloqueo de vías cruciales del territorio nacional, lo que llevó al Ejecutivo de entonces a declarar el estado de excepción.
El desencadenante fue un decreto presidencial que eliminaba históricos subsidios a la gasolina y que tuvo que ser derogado para aplacar unas protestas en las que murieron media docena de personas y más de 1.500 resultaron heridas.
De acuerdo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que canalizó dichas manifestaciones, el 80 % de las solicitudes de amnistías e indultos planteados a la Cámara fueron casos de defensores de los derechos humanos, de la naturaleza y colectivos.
Para unos son defensores criminalizados, y para otros procesados por cometer actos violentos contra el orden público. Dos visiones enfrentadas que reavivan un viejo debate en torno a los límites de derechos como el de resistencia o a la justicia indígena, reconocidos por la Constitución ecuatoriana. EFE
