El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, negó este lunes que la detención de los cuatro jóvenes del barrio Las Malvinas fuera parte de un operativo militar.
Alegó que esta estuvo motivada por un “presunto acto de flagrancia” de los involucrados.
Loffredo compareció junto a la cúpula de las Fuerzas Armadas en una comisión de la Asamblea para dar más detalles de lo ocurrido aquel 8 de diciembre.
Ese día una patrulla del Ejército detuvo en el sur de Guayaquil a cuatro jóvenes de entre 11 y 15 años y cuyo paradero es aún desconocido.
“La aprehensión de los adolescentes no fue parte de una operación”, explicó Lofredo.
Además aseguró que los militares regresaban a la base de Taura cuando sorprendieron a los implicados cometiendo un supuesto delito. Y que actuaron cumpliendo con su “deber ciudadano” deteniéndoles.
En paralelo a su intervención, la ONG ecuatoriana Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) solicitó a la Asamblea que ponga en marcha un proceso de juicio político contra el ministro de Defensa, sumándose así a la presentada también por Revolución Ciudadana.
Más de 20 días después de la desaparición de los cuatro adolescentes, una juez reconoció que se produjo una “desaparición forzada” con responsabilidad del Estado.
Esto tras aceptar un recurso presentado por las familias, que han denunciado la inacción de las autoridades a pesar de que hay imágenes de lo ocurrido.
Las imágenes que se difundieron la semana pasada muestran cómo varios militares detienen a dos estos niños cerca de un centro comercial.
Los golpean y suben a una camioneta.
El martes 19 de diciembre, se encontraron cuatro cadáveres calcinados cerca de la base área del Ejército en Taura, a 30 kilómetros de Guayaquil.
Detención no se dio en operativo
Mientras, sigue la espera de conocer la identidad de estos cuatro cadáveres, que podría alargarse hasta un mes debido al avanzado estado de descomposición.
Son 16 militares los que están bajo investigación y se espera que se los acuse formalmente por delitos de desaparición forzada.
Los militares dieron una entrevista en la que afirmaron que a los jóvenes los detuvieron por un supuesto robo a una mujer.
Cuando los trasladaban al puesto policial más cercano recibieron una llamada sobre una pelea multitudinaria, por lo que decidieron soltarles “sanos y salvos” para poder atenderla.
El caso ha vuelto a poner en cuestión la militarización del Estado por parte de el presidente Daniel Noboa.
El mandatario decretó el estado de conflicto armado interno en enero de 2024 para combatir al crimen organizado.
Desde entonces, el Ejército se ha visto involucrado en al menos diez desapariciones.
