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La nueva secretaria de Derechos Humanos de Ecuador, Bernarda Ordóñez, tacha las tasas de violencia en el país de “impactantes”, especialmente las relativas a la infancia, y ha puesto el foco en impedir el embarazo de menores que coloca al país andino entre los primeros de la región.

“Más de 3.000 niñas en el Ecuador al año menores de 14 años están siendo madre y esto es producto de violación”, alertó en una entrevista con Efe esta abogada cuencana de 30 años, al repasar la situación que encontró al asumir el cargo en mayo y dar a conocer la gestión de la Secretaría.

El Estado ecuatoriano conmemoró el pasado viernes por primera vez el “Día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas”, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el emblemático caso de Paola Guzmán, una adolescente que se suicidó a los 16 años en 2002, tras ser violada por un docente de su colegio y quedar embarazada.

ALERTA DE DOS DÉCADAS

“Desde la década de los noventa ya los organismos internacionales nos evidenciaban la falta de políticas públicas” al respecto, señaló la secretaria experta en derechos humanos que considera una “segunda deuda histórica no tener datos para trabajar”.

En ese sentido, manifestó que la escasa o negligente data en materia de sentencias, cumplimientos de las mismas y reincidencia, impiden conocer a cabalidad la tasa de impunidad de estos delitos, pese a que se está elaborando un registro único de violencia.

Un informe de la organización Human Rights Watch (HRW) planteaba en diciembre que la violencia sexual es “endémica” y de larga data en el sistema educativo ecuatoriano, al que se suma otro documento elaborado por la Comisión parlamentaria AAMPETRA, que exhortaba a la agilización de políticas públicas para prevenir y atender de forma integral los casos.

Ordóñez considera que el caso Paola Guzmán puso de manifiesto las “falencias” que ha venido arrastrando Ecuador en materia de educación sexual y reproductiva, o a la hora de elaborar protocolos, hojas de ruta y de acción encaminadas a prevenir la violencia en el ámbito educativo, y en otros muchos.

“Las tasas de violencia son muy extendidas”, lamenta al recalcar indicadores como que 7 de cada 10 han vivido algún tipo de violencia, que la pandemia ha incrementado ese registro en un 30% en la región, o que 6 de cada 10 estudiantes en el sistema educativo público ha experimentado situaciones de violencia.

Pero uno de los grandes temas pendientes es el embarazo infantil (menores de 14 años) y adolescente, problemática que el Ejecutivo de Guillermo Lasso busca visibilizar.

Los datos extraídos por el Ministerio de Salud sobre ingresos hospitalarios y registros de nacidos vivos hablan de cifras espeluznantes: 3.000 niñas menores de 14 dan a luz al año, algunas de hasta 8 años de edad.

“Siete de cada diez de estas niñas (embarazadas que paren) obviamente es por violencia sexual”, muchas de las cuales sufren además enfermedades de transmisión sexual en vías urinarias y otras de mayor peso, y se encuentran “completamente desprotegidas y la impunidad es bastante alta”.

OBJETIVO PREVENCIÓN

Entre las primeras acciones adoptadas por la Secretaría figura revisar la programación hecha hasta 2030, “a la que le falta -asegura- muchísimo en el eje de prevención”.

Asimismo se ha fortalecido la mesa interinstitucional para impedir el abuso sexual en las aulas con organismos como la Corte Nacional de Justicia, el Ministerio de Inclusión Social y el de Igualdad, mientras que en otro comité paralelo se hará especial hincapié en una estrategia integran para prevenir el embarazo de menores.

Como receta, la labor articulada con 22 instituciones que forman parte del combate a la erradicación de la violencia, y la puesta en práctica de medidas concretas como iluminar paradas de transporte o facilitar el acceso al agua en comunidades de la sierra, a la par que la puesta en valor de mujeres líderes.

“La violencia ha sido la segunda pandemia que ha vivido la humanidad”, valora Ordóñez, quien se define como una persona optimista que cree que “las cosas pueden mejorar sustancialmente para las niñas y las mujeres si toda la sociedad y la familia trabajamos mancomunadamente”. EFE