María Clorinda Guzmán solicitó este miércoles en audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) justicia por la desaparición forzada de su hijo en Ecuador, ocurrida en 1990 aparentemente a manos de agentes policiales.

"El 9 de noviembre de 1990 estaba yendo a doctorarse en literatura en Ecuador. Salió por la mañana a buscar unos libros y esa noche me llamó y me dijo que tenía un cumpleaños y que se iba a demorar un poco, pero nunca más lo volví a ver. (…) Le pido (a la Corte) lo que he pedido todos estos años, que investiguen la desaparición de mi hijo, son 30 años que no sabemos nada en absoluto", dijo en su intervención Guzmán.
El caso se relaciona con la presunta desaparición forzada de César Gustavo Garzón Guzmán, en Quito, Ecuador. La demanda indica que el hecho se habría dado en un contexto general de desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales en contra de personas identificadas como subversivas, pertenecientes a los grupos "Alfaro Vive Carajo" y "Montoneras Patria Libre".
La demanda señala que el caso fue documentado en el informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador como una desaparición forzada cometida por la Policía Nacional y que existirían elementos suficientes para concluir que Garzón Guzmán habría sido privado de la libertad por agentes estatales.
Además, la demanda argumenta que la negativa de las autoridades a reconocer la detención, en el contexto de la época y tomando en cuenta la prueba en el expediente, habrían constituido un encubrimiento de los hechos.
La hipótesis manejada por el Estado ecuatoriano en el marco de la investigación dice que la víctima fue sustraída por miembros del grupo subversivo al que pertenecía o huyó a otro país, lo que coincide con el modus operandi para casos de desapariciones forzadas en el momento de los hechos, según la demanda.
En virtud de lo anterior, la acusación aduce que se trata de una desaparición forzada y por ello el Estado vulneró los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial.
Por estas razones, la demanda indica que el Estado de Ecuador no ha investigado los hechos relacionados con este caso con la debida diligencia ni en un plazo razonable, al indicar que todas las investigaciones se reducen a tres partes policiales sin que conste que el Estado haya iniciado e impulsado formalmente una investigación penal.
"Me negaron la denuncia y me dijeron que tenía que esperar 48 horas por ser una persona adulta, yo envié cartas y empecé por todos los sitios a averiguar y a pedir ayuda en las oficinas públicas como comisarías, la policía, comencé a escribirle al presidente de la República, al procurador, al ministerio de Gobierno, no recibí ninguna respuesta de todas estas instituciones", afirmó Guzmán.
Los jueces de la CorteIDH escucharon este miércoles a María Clorinda Guzmán quien declaró sobre la situación y dolor que experimentó al momento de la desaparición de su hijo, así como el perito Federico Andreu Guzmán, presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien explicó el régimen y los estándares de valoración probatoria requeridos en materia de desaparición forzada.
La audiencia, que se lleva a cabo por videoconferencia, continuará mañana jueves con la presentación de los alegatos finales de las partes.
La CorteIDH, con sede en Costa Rica, es un ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo hemisférico.