El Parlamento ecuatoriano inició este martes el segundo debate del proyecto de ley sobre el aborto por violación, mientras colectivos feministas se concentraron alrededor de la Asamblea Nacional pese a que la sesión se realizaba de forma virtual.
La sesión comenzó a las 09.30 hora local (14.30 GMT) de manera virtual con la lectura del informe de mayoría elaborado por una comisión parlamentaria de Justicia, que redujo el plazo para acogerse al aborto voluntario de 28 a 20 semanas de gestación como límite para las mujeres mayores de edad, y a 22 semanas para la menores de 18 años.
En la agenda de la Asamblea no figura la previsión de una votación hoy mismo del informe, que deberá ser debatido y pasar el habitual proceso legislativo.
El borrador de la llamada “Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Caso de Violación” fue preparado la semana pasada por la Comisión de Justicia, que lo aprobó con siete votos a favor, una abstención y dos en contra.
Y fue solicitado por la Defensoría del Pueblo después de que en abril pasado la Corte Constitucional despenalizara el aborto en casos de violación, hasta ese momento sólo autorizado para mujeres con discapacidad mental y cuando la vida de la madre corre peligro por el embarazo.
Con el inicio de la sesión virtual, colectivos feministas se concentraron en los exteriores de la Asamblea para “vigilar” las acciones de los parlamentarios y “evitar una regresión” de los derechos de las mujeres, según dijeron algunas de ellas.
Distinguidas con el color verde, las mujeres llegaron al Parlamento para una vigilia constante, según Ana Lucía Namicela, en la que están “exigiendo que no le pongan trabas a la despenalización del aborto por violación”.
Unas 300 personas llegaron desde diferentes puntos del país y permanecen en las calles aledañas al órgano legislativo.
El proyecto de ley incluye entre otros aspectos legales que no sea necesaria una denuncia, examen o declaración previa para que se pueda acceder a la interrupción del embarazo producto de una violación.
En cuanto a la objeción de conciencia, especifica que el galeno que se niegue a practicar un aborto deberá remitir a la paciente con otro médico a fin de facilitar el procedimiento y evitar pactos individuales o colectivos.
Otro informe, llamado de minoría, plantea como límite para realizar un aborto a las seis semanas de gestación y prescribe la obligatoriedad de una denuncia ante las autoridades judiciales y coincide a la vez con permitir a los médicos plena libertad de conciencia.
