La jueza penal de la provincia de Pichincha, Verónica Medina, será investigada tras anular los procesos en contra de Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley.
Medina sustentó su decisión en el pedido de la defensa de Jacobo Bucaram, por no haberle notificado con 72 horas de anticipación su orden de captura.
Según, María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, la nulidad del caso es algo que no puede darse. Añadió que la Corte Nacional de Justicia debe encargarse de determinar si hubo o no negligencia o un error inexcusable en la decisión de la jueza.
De comprobarse alguna irregularidad, las autoridades procederían con el proceso disciplinario correspondiente.
El caso vuelve así a la etapa de investigación previa, en la que, según la resolución de la jueza, “claramente se especificó la vulneración de los derechos, no solo de uno sino del universo de los procesados, y con base en esta vulneración incluso se vulnera todo el procedimiento realizado posteriormente”, ha detallado.
Medina se ha referido a la fiscal que actuó en el caso, Lidia Sarabia, quien, como ha indicado, “ha actuado con absoluta deslealtad procesal” y “ha presentado hechos que no han podido ser respaldado”.
Precisamente, en la última jornada se suspendió la audiencia preparatoria de juicio contra los siete acusados, tras una sesión en la que la jueza penal atendió la defensa de las partes procesadas que pedían nulidad.
Por su parte, la fiscal Sarabia ha presentado en la cita de declaración de nulidad un recurso de apelación a la misma. “Presentaremos la apelación por no encontrarnos de acuerdo con su auto de nulidad, en realidad Fiscalía ha observado el debido proceso y ha dado los derechos que asisten a las partes dentro de esta presente causa”, ha adelantado.
El abogado de Bucaram, Cristian Romero, ha pedido a Medina que emita órdenes de revocación de las órdenes de prisión preventiva que pesan sobre los procesados, así como las medidas cautelares que tiene el expresidente, entre ellas el grillete electrónico.
En concreto, la Fiscalía investigaba a un total de nueve personas por haber planificado y ejecutado presuntamente actividades delictivas en 2020 con la comercialización de test de coronavirus y mascarillas.
