Nueve meses después de que se cerraron los 120 días de la instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada por el que se investiga al expresidente Abdalá Bucaram Ortíz, a su hijo Jacobo Bucaram Pulley y cinco personas más, el juez penal de Pichincha, Geovanny Freire, pudo instalar la audiencia preparatoria de juicio en esta causa.
En esta etapa judicial, la Fiscalía detallará las evidencias recopiladas durante la fase de investigación y las defensas de los procesados también expondrán los indicios que demuestren la inocencia de sus clientes.
Además, un juez debe decidir si los procesados van o no a juicio.
En la diligencia, la fiscal Lidia Sarabia pidió que los procesados sean llamados a juicio en calidad de autores del delito de delincuencia organizada que se deriva de la venta de pruebas para detección de la COVID-19.
Al juez le solicitó la prisión preventiva de Jacobo Bucaram y el arresto domiciliario de su padre, el expresidente.
Uno de los puntos que más controversia generó fue el pedido de Sarabia de que se otorguen medidas de protección a favor de 28 de sus testigos. Explicó que uno de los declarantes cambió su versión después haber sido supuestamente contactado por la defensa de uno de los procesados.
