La familia de Luis Eduardo Guachalá, desaparecido hace 18 años cuando estaba internado en un hospital público psiquiátrico de Quito, recibió este jueves las disculpas públicas del Estado ecuatoriano, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
El acto de disculpas se realizó en el Hospital Julio Endara, el mismo establecimiento médico especializado en salud mental donde desapareció Guachalá en 2004, ubicado en el sur de la capital ecuatoriana, según informó en un comunicado la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
Al acto asistieron diferentes autoridades estatales como el ministro de Salud, José Ruales; la directora de protección, reparación integral y autoridad central de la Secretaría de Derechos Humanos, Andrea Roma, y la coordinadora de acceso a la justicia penal de la Fiscalía General del Estado (FGE), Mery Chiriboga.
Con el ofrecimiento de disculpas a la familia de Guachalá, el Estado ecuatoriano reconoció que no garantizó el cuidado de Luis Eduardo en un hospital público, no investigó su desaparición con debida diligencia y en un plazo razonable, y no garantizó el derecho a conocer la verdad de estos hechos.
El ministro Ruales aseguró que el Estado se compromete a tomar las acciones necesarias para que casos como el de Luis Eduardo no ocurran nunca más, y anunció un compromiso de coordinar las acciones necesarias para reparar los daños causados a las víctimas.
Por su parte, Zoila Chimbo, hermana de Luis Eduardo Guachalá, recordó que la familia no sabe todavía nada sobre lo sucedido con su pariente.
“Todo tiene un sacrificio, te tuvieron que sacrificar a ti para que, en memoria tuya, nunca más suceda esto, que las personas con tu misma discapacidad tengan derecho a ser informadas y que otras familias no sufran lo que nosotros sufrimos”, dijo Chimbo.
Este acto oficial es parte de las 14 medidas de reparación integral determinadas por la Corte IDH en la sentencia emitida el 23 de junio de 2021 sobre este caso.
El fallo también ordenó investigar los hechos e identificar, juzgar; y, en su caso, sancionar a los responsables, así como determinar el paradero de la víctima.
También dispuso la creación de un protocolo de actuación de los funcionarios de salud pública al ocurrir una desaparición, así como el diseño de una cartilla que desarrolle en forma sintética y clara los derechos de las personas con discapacidad al recibir atención médica.
Además, tanto el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH-PUCE) como de la Inredh, que asumieron el patrocinio legal de la familia de Guachalá, recalcaron la importancia del cumplimiento material e integral de los estándares ordenados en la sentencia al Estado ecuatoriano.
Rosa Bolaños, asesora legal de Inredh, comentó que “el compromiso dentro de los organismos estatales debería estar encaminado a no repetir este tipo de vulneraciones, que someten a los familiares y amigos de personas desaparecidas a un sufrimiento y doloroso camino en el sistema judicial”.
“Por lo tanto, toda creación normativa o implementación de política pública tendría el objetivo de ser una herramienta progresiva de derechos humanos y de viabilizar de forma concreta medidas de verdad, reparación y justicia”, concluyó. EFE
