El presidente Guillermo Lasso regresa este miércoles de la ONU para afrontar en Quito una batalla crucial en la Asamblea Nacional ecuatoriana: conseguir pasar un amplio paquete de reformas o acudir a consulta popular.
El mandatario, que ha defendido en Nueva York la necesidad de internacionalizar la presencia de Ecuador en el mundo, y viceversa, para conseguir una reactivación económica tras varios años de crisis, tiene previsto presentar su plan de reforma a la ciudadanía el jueves, en la que será su primera transmisión de un mensaje a la nación por todos los medios.
Un recurso mediático del que hicieron amplio uso sus predecesores Rafael Correa (2007-2017) y Lenín Moreno (2017-2021), pero que él, explicaron fuentes de la Presidencia, ha preferido marginar por considerarlo inapropiado en una democracia.
Un día después, el viernes, tiene previsto llevar en persona a la Asamblea la llamada “Ley Creando Oportunidades”, en un acto público ceremonioso como ya hiciera en agosto con la Ley de Educación Superior (LOES).
METAS VERIFICABLES
Una puesta en escena a la altura de los cambios que pretende, pues el espectro de reformas abarca amplios sectores sociales, laborales, económicos y financieros, destinados a atraer la inversión privada y conseguir en cuatro años un cambio sin precedentes.
Así lo presentaron el martes en un conversatorio con un grupo de periodistas el secretario nacional de Comunicación, Eduardo Bonilla, y el secretario de Planificación Nacional, Jairón Merchán.
“Las metas son muy ambiciosas y (el plan) contiene 200 y pico de metas”, dijo Bonilla, quien precisó la importancia del proyecto para un Ecuador sumido en crisis desde 2019, y que tras las severas consecuencias de la pandemia necesita un nuevo horizonte.
El objetivo primordial del Gobierno es conseguir 30.000 millones de dólares de aquí a 2025 en inversión privada, la inmensa mayoría del extranjero, y con ello revertir los indicadores de pobreza y desempleo que se han disparado desde marzo de 2020.
El proyecto de ley es la herramienta legal para aplicar el Plan de Planificación Nacional entregado este martes a la Asamblea, que incluye entre sus objetivos un crecimiento anual del PIB del 5 % a final de 2025; la creación de dos millones de puestos de trabajo formales (el 50 % de la población activa); y reducir la pobreza rural del 70 % al 55 %, entre muchos otros.
Un plan, explicó Merchán, que gira alrededor de cinco ejes y que se venía elaborando desde antes de las elecciones que dieron la Presidencia a Lasso en abril pasado.
Su costo será de entre 2.000 y 2.700 millones de dólares anuales en inversión del Gobierno, y recoge “las esperanzas y sueños de millones de ecuatorianos”.
“No tiene metas enunciativas, ni metas de gestión, sino de impacto”, subrayó Merchán sobre los objetivos fijados a cada Ministerio, que serán verificados cada año.
Y recordó, que, del Plan de Moreno, “el 70 % de la metas evaluadas”, según lo exige la Constitución con el cambio de Gobierno, “no fueron cumplidas”, en parte, porque eran “enunciativas”.
¿CONSULTA O MUERTE CRUZADA?
El proyecto de Ley llegará a la Asamblea como “ley económica urgente”, lo que requerirá su aprobación o rechazo en 30 días.
Una Asamblea en la que el presidente está en completa minoría (12 escaños), y en la que deberá lidiar por tanto una batalla crucial para convencer a los otros 125 miembros.
En caso de rechazo, Lasso no descarta agotar sus prerrogativas constitucionales y activar la democracia directa mediante consulta popular, aunque Bonilla reconoció que prefería la aprobación parlamentaria.
“Agotará todos los recursos hasta la consulta”, afirmó sobre la adversidad que afronta, valorando que hay que esperar porque no cree que “la nieguen sin siquiera haber visto” el proyecto de ley.
Dada la popularidad de la que gozaba el presidente a finales de agosto (un 74 %, según Cedatos), algunos analistas han llegado a mencionar incluso la otra dramática posibilidad de una “muerte cruzada”: disolución de la Asamblea y de su propio mandato. Elecciones.
Un mecanismo previsto por ley para circunstancias extremas como las que afronta Lasso, que en cuatro meses ha tenido dos convocatorias de movilización nacional por parte de sindicatos y grupos sociales.
Manifestaciones que han sido de calado casi irrelevante pero que, a dos años de los violentos disturbios de octubre de 2019, han generado todo tipo de temores de una nueva revuelta encabezada por el movimiento indígena.
Aquellos disturbios, que paralizaron al país y causaron la muerte de al menos seis personas y heridas a 1.500, estallaron a raíz de un decreto que anulaba históricos subsidios a los combustibles, del que Moreno tuvo que retractarse.
Bonilla considera que “no se dan las mismas circunstancias” que entonces, aunque puntualiza que el “Gobierno no subestima la voluntad de protesta”.
Y reconoce que hay espacio para “flexibilizar” propuestas mediante el diálogo, si bien el Gobierno “no va a permitir intereses políticos” personales ni va a “rebajar las metas que se ha fijado”, porque la “gente votó por ese plan” y cualquier intento de derribarlo por la fuerza sería “un ataque a la institucionalidad”. EFE
