Colectivos sociales y feministas denunciaron este miércoles lo que consideran 17 violaciones constitucionales detectadas en un informe de minoría parlamentario en torno a la normativa del aborto por violación en Ecuador.
Para Virginia Gómez de la Torre, directora de Fundación Desafío, los parlamentarios que promueven el informe llamado de minoría intentan instaurar una “ley de desprecio a las mujeres”, a la que tildó de retrógrada para los derechos de las féminas.
El informe de minoría del proyecto de ley de aborto por violación consta de 55 artículos de los que la mayor controversia ha causado el apartado que limita el tiempo de la interrupción del embarazo a 6 semanas para las mayores de edad y hasta 12 para las menores, mujeres de zonas rurales o aquellas con discapacidades.
En una comparecencia ante los medios de comunicación, la abogada constitucionalista Soledad Angus explicó 17 inconstitucionalidades que detectaron en el informe promovido por el asambleísta del movimiento indígena Pachautik, Ricardo Vanegas.
“No solo no garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo producto de violación sino que, implica un retroceso en materia de derechos”, alegó.
De acuerdo con las representantes sociales, el embarazo en niñas y adolescentes puede provocar trastornos depresivos, de ansiedad y puede llegar a intentos y consumación de suicidios.
Otro de los artículos que denunciaron las activistas permitiría a los centros de salud privados ejercer la objeción de conciencia de manera colectiva, además que para brindar el servicio deberán ser acreditados trimestralmente.
Para Angus, se trata de requisitos “antitécnicos” que incluso significarían más trabas y revictimización para quien busque un aborto tras un ataque sexual.
Aunque se quejaron del informe de mayoría que estudia la Asamblea, anunciaron que lo respaldarán para que se hagan las correcciones necesarias a fin de que las mujeres tengan la “mejor ley posible”.
Los colectivos aprovecharon el encuentro con la prensa para convocar a la sociedad civil a un plantón en los exteriores de la Asamblea Nacional mañana cuando se presente el informe de minoría ante el pleno.
MÁS TIEMPO PARA ANÁLISIS
El pasado 25 de enero, la presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento), Guadalupe Llori, resolvió suspender el segundo debate del proyecto de ley sobre el aborto por violación para dar más tiempo a los legisladores para analizar la cuestión.
Llori, del movimiento plurinacional Pachakutik, justificó su decisión en que “los jefes de bancada consideran que los asambleístas deben contar con el tiempo necesario para el análisis y elaborar propuestas”.
Y comunicó su decisión a los asambleístas después de que arrancara por la mañana una sesión virtual en la que se dio lectura a un informe de mayoría presentado por la Comisión de Justicia y fuera analizado por expertos médicos, abogados, activistas de derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
El informe de la comisión parlamentaria redujo el plazo propuesto inicialmente para acogerse al aborto voluntario de 28 a 20 semanas de gestación como límite para las mujeres mayores de edad, y a 22 semanas para las menores de 18 años.
En Ecuador, el aborto estaba permitido únicamente en casos en que la vida de la mujer corra peligro o por violación de discapacitadas, hasta que fue despenalizado en casos de violación el año pasado por sentencia de la Corte Constitucional.
