Mantuvo conversaciones con el sector pesquero, turístico y artesanal. Además, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí firmó un convenio marco de cooperación interinstitucional.
En lo que queda del periodo legislativo, ¿cuáles van a ser las prioridades de la Asamblea?
Dos aristas importantes tenemos en nuestra planificación. Primero darle al país una normativa adicional, que permita luchar contra la corrupción, como la Ley de Extinción de Dominio; y, sobre todo, la segunda fase que tiene que ver con los procesos de reactivación económica que el país necesita en este momento.
Usted ha dicho que se está trabajando en la elaboración de leyes para apoyar la reactivación productiva y la generación de empleos. ¿Qué leyes son y en qué proceso están?
Son varias. Está la Ley para el fomento agrícola y hay que trabajar ya en una normativa en temas laborales, por ejemplo. También se debe poner en práctica la Ley de Emprendimiento y la Ley Humanitaria tiene varias aristas en ese proceso. La Ley de Turismo tiene una incidencia directa en provincias como Manabí. Son leyes que buscan dar herramientas legales para que el país tenga una reactivación.
El método vigente de repartición de escaños, según los entendidos, hará que la próxima Asamblea sea más polarizada. ¿Usted lo ve así o discrepa?
Tenemos una Asamblea polarizada en este momento. El método que se va a aplicar en las elecciones también tiene esa posibilidad, de que quienes se denominan minorías tengan mayor participación en la Asamblea. Me parece que un parlamento que tenga una mayor discusión de los temas, puede que en su momento sea importante, más allá de que exista o no una división o una polarización, que todos entendamos que hay un solo objetivo que es sacar al país adelante.
Usted se comprometió a ser garante del pago de las compensaciones a los maestros jubilados. El Presidente, tras el último desembolso del FMI, dijo que iba a cancelar ese valor, pero los jubilados manabitas siguen esperando…
Hemos trabajado en este proceso de ser mediadores, aunque no es una responsabilidad de la Asamblea como tal. Lo que hemos hecho es interponer nuestros oficios para que se cumpla. Se ha firmado ya un acuerdo, en el cual hasta diciembre se van a desembolsar $100 millones para el pago de esta justa aspiración de los jubilados del país, no solo de Manabí, y también el compromiso de que el próximo trimestre del 2021 se cancelarán $200 millones más a esta deuda que superaba a los $1.400 millones, una deuda heredada. Entiendo que ya ha sido cancelada en más de un 50%, a pesar de las dificultades que vive el país.
El artículo 5 de la Ley de Comunicación, que determina que la comunicación es un servicio público, fue declarado inconstitucional. ¿Está prevista alguna reforma a esa ley en este periodo?
Hay varias propuestas en torno a esta ley, recordemos que esta Asamblea hizo varias mejoras, dándoles a los sectores de comunicación el derecho a la libertad de expresión, ya que veníamos de una ley que era represora, sancionadora y que no permitía que exista una libertad de expresión con responsabilidad. En esa línea hemos dado también a la comunicación una herramienta fundamental en una nueva ley, que permita hacer un trabajo mejor, sin miedos, sin estar pendientes de que un comentario pueda ser sancionado posteriormente.
¿Se siente conforme dirigiendo una Asamblea que tiene 60 legisladores con procesos penales?
Es un momento difícil. Nosotros hemos asumido una Asamblea con varias complicaciones, no solo internas. Un país con dificultades, un país que ha sufrido golpes económicos, intentos de desestabilizarlo. No ha sido sencillo. Es una Asamblea que tiene a varios legisladores inmersos en procesos con la justicia. Hay que esperar que el debido proceso haga su trabajo y ya veremos cuáles serán los resultados.
La encuestadora Clima Social determinó que en agosto apenas el 3,3 % de los ciudadanos confiaba en el trabajo de la Asamblea y Market estableció que solo el 12,1 % otorga una buena calificación al Legislativo. ¿Cuál es su postura ante ese nivel de prestigio que tiene la institución que dirige?
Nos ha tocado asumir una responsabilidad en un momento difícil. Varios actores influyen sobre este proceso. Primero está la situación económica del país, que tiene una relación directa con lo que se genera como identidad hacia las autoridades. Segundo, hay que reconocer los diferentes actos de corrupción que se investigan, que también han golpeado y mermado la aceptación que tiene la Asamblea, y luego están los intereses de algunos grupos que a través del caos político buscan tener réditos como tal. Pero en definitiva, lo que sí hemos hecho es dar apertura para que intervengan internamente y a través de la justicia ordinaria se puedan investigar y procesar a quienes así se lo considere. También hay que ser claros de que una persona que está siendo investigada no significa que es ya culpable, eso tiene que pasar por un proceso judicial.
En Manabí hay decepción por la falta de fiscalización al manejo de los recursos de la reconstrucción. Hay dineros que se usaron en obras no prioritarias, gente que sigue viviendo en carpas, edificios no reconstruidos y contratos con presuntos sobreprecios, solo por citar algunos temas. ¿Qué puede decir el Presidente de la Asamblea sobre esta deuda del legislativo con la provincia?
Eso es una responsabilidad compartida. La Asamblea tiene una responsabilidad de control político sobre ciertas acciones, pero nosotros no podemos determinar técnicamente si un contrato fue dado de manera irregular o si es que existe un sobreprecio dentro de una adjudicación como tal. Eso tiene que ser determinado por las instancias pertinentes, la Contraloría y Fiscalía son las que deben determinarlo. Nosotros hemos solicitado a estas entidades que realicen su trabajo, que determinen responsabilidades y en el caso de que así fuese, actuaríamos de manera política, pero esto no es una acción aislada que solo puede hacer la Asamblea, sino en conjunto con otras instituciones.
El exlegislador Daniel Mendoza dijo que hubo reparto político en la Asamblea a cambio de apoyo al Gobierno. ¿Han investigado esto para saber si es cierto?
En lo personal, nunca he participado en una reunión que tenga dentro de su discusión algún tipo de acción como las que usted menciona. La Asamblea está haciendo ya una solicitud; de hecho, hemos solicitado que las autoridades, en este caso la Fiscalía, investiguen si las opiniones que ha hecho el señor Mendoza tienen un asidero de verdad. Tanto internamente como externamente se harán los procesos, pero más allá de eso, insisto que nuestro trabajo también tiene que estar enfocado en otras aristas. Es importante la lucha contra la corrupción, es importante que tengamos un escenario para trabajar con un entorno de transparencia, pero es mucho más importante que resolvamos los problemas de la ciudadanía, como la falta de empleo, las carencias económicas por la pandemia.
¿Qué dijo usted en la Fiscalía cuando declaró sobre este tema?
Indistintamente de esto, no he tenido ninguna conversación donde se haya participado en este tipo de reuniones, que se presuma que haya habido un tipo de componendas políticas. Siempre vamos a actuar con transparencia, apoyando los procesos judiciales para esclarecer los casos y trabajar con las autoridades para que Ecuador viva en transparencia.
