La Procuraduría General de Ecuador (Defensa jurídica del Estado) anunció este jueves que se han inscrito como decomiso varias propiedades de exautoridades condenadas en un caso de corrupción y entre los que se encuentra el expresidente Rafael Correa, quien reside en Bélgica desde que dejó el poder en 2017.
La Procuraduría informó de que, en el marco de la ejecución del llamado caso “Sobornos 2012-2016”, comunicó al tribunal que ejecuta la sentencia que se han inscrito legalmente a nombre del Estado ecuatoriano varios bienes de los encausados, incluido Correa.
La medida también incluye bienes del que fuera secretario jurídico de la Presidencia en el tiempo de Correa (2007-2017) Alexis Mera y algunos exministros como Walter Solís, Vinicio Alvarado y Viviana Bonilla, así como altos colaboradores de su administración como Christian Viteri, Bolívar Sánchez y Pedro Verduga.
La Procuraduría remarcó que los bienes inscritos son ahora propiedad del Estado ecuatoriano, conforme consta en los certificados de gravámenes, tras la ejecución de la sentencia del caso “Sobornos”.
Además, la Procuraduría indicó que ha pedido al tribunal de la causa que disponga el embargo inmediato de varios bienes muebles e inmuebles que logró identificar y ubicar en otros municipios del país y que han estado registrados a nombre de los condenados.
La Procuraduría, en su escrito, manifestó que “no cejará en su tarea para que los sentenciados por casos de corrupción cumplan con lo dispuesto por los jueces y restituyan el daño ocasionado al país, garantizando de este modo la eficacia de la administración de justicia”.
En noviembre del año pasado, la Procuraduría ya anunció el embargo de cuentas bancarias de varios sentenciados en el caso “Sobornos”, en el que se incluyó las de Correa y de quien fuera su vicepresidente, Jorge Glas, en prisión desde 2017.
Este caso surgió tras una investigación periodística sobre una trama de financiación irregular del movimiento político de Correa, que el exmandatario la ha negado y que, más bien, considera parte de una supuesta persecución judicial y política en su contra por parte de grupos contrarios a su Gobierno.
Un Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) impuso en este caso una condena de ocho años de cárcel a los autores y coautores, así como el pago de una indemnización global al Estado por 14,7 millones de dólares.
