Los trabajos para establecer las identidades de los 68 reos muertos en la masacre de este sábado en la penitenciaría de Guayaquil, de los cuales han sido identificados 34, avanzan mientras las fuerzas del orden intentan mantener el control del centro de reclusión.
Desde la madrugada, familiares de los presos asesinados en medio de enfrentamientos entre pabellones —al parecer por disputas entre bandas relacionadas con el narcotráfico que se disputan territorios— empezaron a llegar a los exteriores de la morgue en busca de información.
Hasta el medio día de este domingo, 34 cuerpos habían sido reconocidos y cuatro de ellos entregados, en tanto que el departamento forense de la Policía tenía previsto entregar los otros 30 hasta finalizar el día.
Hasta este centro, ubicado en el suburbio de Guayaquil, no habían llegado aún los 68 cadáveres pues, según el coronel Marco Ortiz, director nacional de investigación técnico científica de la Policía, de la cárcel solo se pudieron levantar 61 cuerpos.
“Se han realizado las autopsias respectivas y hasta el momento estamos comunicando a los familiares de estas personas para que realicen el tramite respectivo aquí en las instalaciones de Criminalística”, informó el oficial.
El estado de los cuerpos es variado, aseguró, pues algunos fueron quemados y mutilados en medio de los enfrentamientos, por lo que solo han podido tomar huellas dactilares de 45 de los 61 cuerpos.
Al resto de cadáveres se debe realizar “la identificación antropológica y de ser necesaria una identificación genética. Eso, obviamente, lleva más tiempo”, agregó Ortiz.
En un comunicado, la Secretaría General de Comunicación dijo que “el proceso de entrega de los cuerpos consiste en realizar la autopsia, que deberá ser avalada por la Fiscalía; solicitar al Registro Civil la autorización de los datos y verificar si están cedulados; otorgar el acta de defunción y, finalmente, entregar el cuerpo en el féretro a los familiares”.
La matanza del sábado ocurrió en la misma cárcel donde en septiembre hubo una masacre en la que murieron 118 presos en enfrentamientos, que las autoridades atribuyen a la disputa de territorios entre bandas presuntamente vinculadas al narcotráfico.
Tras esa masacre, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción en el sistema penitenciario.
EN BUSCA DE SUS FAMILIARES ASESINADOS
Uno de los familiares que esperaba el proceso de identificación era Viviana Encalada. Su sobrino Édison estaba en uno de los pabellones donde ocurrió la masacre, pero contó a Efe que, según la Policía, su nombre no consta en la lista de identificados.
“Ya hemos buscado en hospitales y no está. Tenemos la esperanza de que se haya salvado porque hubo reos que corrieron, esperemos que sea uno de esos que haya escapado a otros pabellones”, afirmó.
La última vez que se comunicaron con Édison fue la noche del viernes, horas antes del inicio de los enfrentamientos.
“Queremos que pongan orden en esa penitenciaria. No es justo la matanza que está habiendo (…) ¿Qué esta haciendo el presidente, la ministra? Todas esas personas se están lavando las manos con nuestros familiares, son humanos, no son perros”, reclamó Escalada.
Eduardo González también llegó desde la provincia de Esmeraldas en busca de su hijo, quien enfrentaba una pena de tres años por intento de asesinato, tras “defenderse de un robo”, pero hasta la tarde del domingo no tenía información sobre su cuerpo.
El padre de familia dijo a Efe que habló con él la noche del viernes, que le contó que escuchaba disparos y le pidió que diera alerta a la Policía. “Me dijo mi hijo que parecía como en el oeste, que se escuchaban las balas, ¿qué hacían los militares y policías afuera?”.
CALMA EN LAS CÁRCELES
Según el Gobierno, durante el domingo no se habían registrado “incidentes en los centros de privación de libertad del país” y, de acuerdo con reportes de los directores de cada uno de los centros penitenciarios, “en los recintos se mantiene el orden y control y las actividades se desarrollan con normalidad”.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordoñez, mantuvieron una reunión con un equipo asesor internacional para articular “la cooperación en el proceso de pacificación”, indicó la Secretaría de Comunicación.
En la cita participaron delegados de la ONU y del Programa de Asistencia contra el Crimen Trasnacional Organizado (PACcTO).
Otros organismos como el Consejo de la Judicatura también han informado de medidas para enfrentar la crisis carcelaria.
La Judicatura dispuso que jueces penales, de tránsito y magistrados que resuelven casos de violencia contra la mujer y la familia tramiten temporalmente las causas de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, Portoviejo, Cuenca y Latacunga.
Además, dispuso que las boletas de excarcelación de los reos sean “emitidas y despachadas de manera prioritaria, célere y oportuna” por los jueces, indicó en un comunicado. EFE
