La Asamblea Nacional de Ecuador censuró y destituyó esta madrugada en un juicio político al Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley.
Con 75 votos afirmativos, la Asamblea decidió la suerte de Carrión y, además, dispuso que se remita el expediente a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado, a fin de que, en el marco de sus competencias, inicien las investigaciones y examen especial respectivamente.
Carrión está recluido desde mayo pasado en una cárcel de Quito pues está procesado por un presunto abuso sexual supuestamente perpetrado durante un festejo en el departamento del exministro de Salud Mauro Falconí, en pleno estado de excepción por la pandemia de la covid-19.
Según la resolución legislativa, que registró además 47 votos negativos y 14 abstenciones, se procederá con la notificación al Ministerio de Trabajo para que se registre la censura y destitución de Carrión del cargo de Defensor del Pueblo y, en consecuencia, se disponga la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante el tiempo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa (dos años).
Así mismo, se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el inicio de un proceso de fiscalización y control político en contra del exministro de Salud Pública, Mauro Falconí y, de ser procedente, se instaure el correspondiente juicio político.
El juicio político se instaló el martes y en el debate participaron trece asambleístas.
La primera en intervenir fue la interpelante Yeseña Guamaní, quien presentó la moción de censura y destitución.
“Esta noche debemos dar un mensaje claro y de esperanza al país, que debe ser con la censura y destitución el Defensor del Pueblo”, enfatizó.
Para la asambleísta Nathalie Viteri el Defensor del Pueblo demostró ser un experto en la manipulación emocional y “un manipulador no puede estar al frente de la Defensoría”.
De su lado, en el debate, el legislador del movimiento Pachakutik Edgar Quezada consideró que no existen elementos de juicio suficientes para demostrar el incumplimiento de funciones, pues se trataría de una vendetta en contra “del único funcionario que defendió a la ciudadanía durante el paro de octubre de 2019”.
En esa fecha, la eliminación de los subsidios a los combustibles provocó protestas sociales, que se tornaron violentas, y que terminaron cuando el Gobierno retiró la medida.
El legislador Diego Ordóñez expresó su desconcierto por los razonamientos que identificaron al juicio con una retaliación política por el informe sobre los hechos de octubre.
“No se trata de un proceso por venganza alguna, se trata de hechos que son evidentes, uno de ellos la agresión del Defensor del Pueblo a una mujer”, explicó.
Las legisladoras Ana Belén Cordero y Soledad Diab, integrantes de la Comisión de Fiscalización, coincidieron en el sentido que el Defensor del Pueblo debió respetar la alta magistratura que representa y no estar involucrado en actos reñidos con la moral.
A criterio de asambleísta Alejandro Jaramillo, Carrión “no pudo demostrar que parte de sus funciones era ir de farra con su gran amigo Mauro Falconí; tampoco agredir a una mujer”, relató la Asamblea en un comunicado.
“Este es un juicio político y lo que estamos juzgando es el incumplimiento de funciones”, añadió.
La sesión 726 del Pleno duró más de 14 horas, dentro de las cuales la Asamblea respetó las garantías del debido proceso para las partes. EFE
