El alcalde de Quito, Jorge Yunda, compareció este jueves para explicar que continúa como regidor de la capital de Ecuador pese a la votación en el Consistorio que resolvió su remoción, ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
“Estoy en mi despacho donde me lo he ganado en una lid electoral en las urnas, la expresión más sublime de la expresión democrática”, manifestó el alcalde, que se ha visto implicado en un proceso judicial por supuestas irregularidades en la contratación de pruebas anticovid-19 durante los primeros meses de pandemia.
La rueda de prensa en la que hizo ese pronunciamiento se produjo en momentos en los que Yunda está a la espera de conocer una resolución de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en la que interpuso una acción de protección.
En la demanda pide una aclaración y ampliación del fallo emitido recientemente por el TCE, que ratificó la remoción de su cargo aprobada por la mayoría de concejales a principios de junio.
Yunda aseguró hoy que le asiste “todo el derecho de poder luchar por los votantes, cientos de miles que creyeron en mi propuesta y que votaron en las urnas”, antes de apostillar que “defender esos derechos me parece que es lo menos que puedo hacer como alcalde”.
Apeló que todavía no existe una decisión en firme sobre su situación al frente de la capital y que le asisten “todas las herramientas” legales, desde la Constitución hasta tratados internacionales.
Respecto a la decisión de removerlo del cargo y la posterior ratificación del Contencioso Electoral, Yunda concedió que “la revocatoria también está contemplada en la legislación”, pero que “el pueblo me pone en este puesto por un tiempo determinado y el pueblo puede revocar ese mandato en las urnas”.
También tachó de “argucias” los intentos de removerlo del cargo y cargó contra el proceso que llevó a su intento de remoción, así como la falta de parcialidad en el mismo y aseguró que su labor tuvo por objetivo impedir las “imágenes dantescas” que produjo la pandemia en todo el mundo, como las que ocurrieron en Guayaquil.
Político de izquierdas aunque independiente, Yunda se ha visto salpicado en la pandemia por una sospecha de malversación en la compra de 100.000 pruebas PCR el año pasado.
Bajo la lupa está un contrato con la firma privada Salumed S.A. que, finalmente, entregó pruebas diferentes a las estipuladas y a un aparente sobreprecio, causando al erario público 4,22 millones de pérdida.
Con un grillete electrónico desde febrero, como medida sustitutiva a la prisión preventiva, el regidor quiteño asegura que su decisión “salvó vidas”, pero el proceso sigue su curso en los tribunales, junto a otras trece personas acusadas, entre los que se incluyen estrechos colaboradores. EFE
