La amnistía a 268 personas aprobada por la Asamblea en un solo paquete recibió ayer una primera demanda de inconstitucionalidad.
Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito; el extitular de la Cámara de Turismo, Diego Vivero; y Andrés Castillo, del colectivo Todos por Quito, lideraron esta acción.
“En la demanda hemos pedido que en el auto de calificación se suspendan los efectos de la resolución hasta que se resuelva el fondo”, explicó Castillo.
Ellos rechazaron que entre los beneficiados de las amnistías figuren quienes protagonizaron las violentas protestas de octubre del 2019.
Argumentaron que la Asamblea no podía otorgar este beneficio a casos de secuestro, terrorismo o delitos contra la administración pública.
Pidieron que la Corte priorice el tratamiento de esta demanda, “en razón de la alarma social que ha generado en la ciudad y el país”.
Por su parte, Alarcón anunció que a partir de mayo impulsarán la revocatoria de mandato de los asambleístas que votaron a favor de las amnistías.
Pachakutik. Con el argumento de que “la gente quiteña de a pie apoya a los luchadores sociales”, el coordinador de Pachakutik, Marlon Santi, defendió las amnistías aprobadas y reconoció que hubo un acuerdo con el bloque correísta para lograr los votos.
El dirigente habló de las amnistías, acompañado por asambleístas del movimiento indígena y beneficiados de la resolución. Santi convocó a una “tregua y a un proceso de diálogo con todos los ecuatorianos”.
El dirigente tachó de “fascistas y racistas” a quienes convocan a marchas para rechazar las amnistías, en virtud de que entre los beneficiados están líderes de las protestas de octubre del 2019.
“La gente quiteña de a pie, la barrial, los pobres de las avenidas que venden sus cositas, ellos apoyan a los luchadores sociales, pero claro, la oligarquía quiteña no va a apoyar y además están haciendo una plataforma política para ser alcaldes”, dijo.
Recursos. Frente a las acciones de sectores que buscan revertir la decisión de la Asamblea, Pachakutik señaló que pedirá recomendaciones al Estado ecuatoriano por parte de organismos internacionales.
“Se decidió pedir amicus curiae a las instituciones internacionales como el Foro Permanente de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. También a Amnistía Internacional, Human Rights Watch y personajes importantes”, anunció Santi.
El constitucionalista André Benavides dijo que estos procesos ante la Corte Constitucional pueden durar años, “pero si la Corte lo considera puede adelantar el orden cronológico y resolverlo antes”.
