La Corte Constitucional instó al Gobierno de Ecuador a renegociar algunos artículos en cuento a un acuerdo comercial con Costa Rica.
El órgano de justicia dio a conocer que sugirió que se renegocien algunos artículos del acuerdo comercial, suscrito en marzo pasado.
La Corte Constitucional considera que ciertos artículos del acuerdo con Costa Rica transgreden la normativa establecida en la Constitución de la República.
El Pleno de la Corte Constitucional resolvió, con cinco votos a favor y cuatro votos salvados, detener la marcha de este acuerdo.
La Corte Constitucional declaró que la mayoría de los artículos del acuerdo eran constitucionales.
Sin embargo, sobre el capítulo 11 relacionado con servicios financieros, la Corte indicó ciertas incompatibilidades.
Por ejemplo, enfatizó respecto a la necesidad de que el sector privado del sistema financiero, incluso extranjero, debe ser regulado y controlado por medio de normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encarguen de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez.
Agregó que la Constitución ecuatoriana establece que “las actividades financieras son un servicio de orden público”.
Por lo tanto éstas “podrán ejercerse previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley”.
Ministerio de Producción se pronunció
Finalmente, la Corte Constitucional no consideró necesario declarar la incompatibilidad de todo el acuerdo y en consecuencia instó a “renegociar” el contenido de los artículos declarados inconstitucionales.
O también que se “busquen alternativas”, y que de esta forma no se transgredan los límites impuestos en la Constitución.
El pasado 1 de marzo el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y el de Ecuador, Guillermo Lasso, firmaron en San José un tratado de libre comercio para liberar más del 90 % de la oferta conjunta.
Tras el fallo de la Corte Constitucional, el gobierno se pronunció también.
El acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica se alinea a los principios constitucionales, respondió el Gobierno.
A través de un comunicado, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca señaló que dicho instrumento comercial “cumple con estricta observancia los principios y garantías contemplados en la Constitución de la República”.
