Manuel De Jesús D. R., abogado de libre ejercicio, recibió una condena de un año de prisión por fraude procesal. El Tribunal le impuso una multa de cuatro salarios básicos unificados y ordenó devolver $8,780 a su cliente, Íder Ramón Sh. G., incluyendo costas procesales. El caso se originó en un juicio laboral de abril de 2018, donde el abogado representó al agricultor. La sentencia favoreció al cliente, otorgándole $7,780 por derechos laborales.
Aprovechando las limitaciones de lectura y escritura de su cliente, el abogado recibió el dinero en efectivo, transferencias y cheques sin informarle. El 28 de diciembre de 2018, presentó un escrito al juzgado con información falsa, afirmando que el pago se había cumplido. El documento incluía una firma falsificada de Íder Ramón Sh. G., según un informe pericial.
El engaño llevó a la Jueza a declarar la extinción de la obligación el 4 de enero de 2019, perjudicando al cliente y a la exempleadora. Íder Ramón descubrió el fraude al revisar copias de su proceso y confirmarlo con su exempleadora en un encuentro casual.
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Abogado falsificó y causó perjuicio
“Además de presentarse información que no estaba acorde con la realidad, se utilizó una firma falsificada del señor Íder Ramón Sh. G.”, dijo el Fiscal ante el Tribunal. El abogado indujo al error a la Jueza, cometiendo fraude procesal. “De esta manera, se causó un perjuicio de 7,780 dólares a Íder Ramón Sh. G. y también a la exemperadora, que había entregado el dinero al abogado”, aseveró el Fiscal.
Tras reclamos, el abogado ofreció un terreno como compensación, alegando que su cuenta bancaria estaba bloqueada. Íder Ramón rechazó la propuesta. Durante la audiencia, Fiscalía presentó testimonios e informes periciales que confirmaron los hechos. El procesado optó por permanecer en silencio, ejerciendo su derecho constitucional.
Consecuencias del fraude procesal
El Tribunal suspendió la pena de prisión bajo diez condiciones, incluyendo la devolución de $8,780 en 30 días tras la sentencia ejecutoriada. Además, el abogado deberá asistir a clases de ética y recibir tratamiento psicológico. Incumplir estas condiciones resultará en el cumplimiento de la pena en un centro de rehabilitación.
El delito de fraude procesal, tipificado en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sustenta la condena. La sentencia busca reparar el daño causado al cliente. El caso destaca la importancia de la transparencia en los procesos legales. Íder Ramón, como víctima, espera recuperar su dinero.
