Los supuestos «lapiceros mágicos» siguen dando que hablar. El abogado Carlos Bravo, en representación del movimiento Revolución Ciudadana (RC), presentó una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado. La acusación se dirige al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a las empresas proveedoras de los esferos usados en las elecciones presidenciales de abril, señalando un posible caso de peculado.
Según Bravo, estos instrumentos no cumplían con estándares mínimos de seguridad electoral y habrían facilitado un posible fraude.
Insiste con el material electoral y los lapiceros
La denuncia se centra en los esferos de tinta “mágica”, presuntamente de secado lento, utilizados durante la jornada electoral. Bravo aseguró que este detalle técnico habría vulnerado la integridad del sufragio, ya que permitiría que la tinta se corra o transfiera, alterando el voto marcado.
Como prueba, el jurista presentó un informe técnico elaborado por el Instituto Canario de Criminología, el cual concluye que los esferos usados no eran adecuados para procesos electorales. La denuncia incluye evidencia pericial y exige una investigación exhaustiva sobre el contrato de adquisición de este material.
“Estos productos no cumplían con las características necesarias para garantizar la seguridad del sufragio”, declaró Bravo en su comparecencia ante medios.
Lo que dice Luisa González sobre los lapiceros
La candidata presidencial Luisa González, de RC, ha sostenido desde los días posteriores a las elecciones que hubo fraude electoral. Según los resultados oficiales, perdió frente a Daniel Noboa, quien obtuvo el 55,63% de los votos, frente a su 44,37%.
González argumenta que más de diez encuestas previas —algunas incluso ligadas al oficialismo— le daban ventaja, y calificó de “increíble” la diferencia final de más de un millón de votos.
También denunció irregularidades en al menos 5.000 actas, incluyendo documentos sin firmas reglamentarias y cifras de votantes que no coincidían con los registros.
El CNE lo rechaza desde el inicio
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, rechazó categóricamente las acusaciones. Sostuvo que el proceso fue “transparente y legal”, con observación internacional y participación de veedores políticos.
“El sistema fue sólido. Las denuncias sin pruebas socavan la confianza en la democracia”, afirmó Atamaint.
Las misiones internacionales de la OEA y la Unión Europea respaldaron los resultados. Aunque la OEA sí observó problemas con el diseño de las papeletas y los lapiceros, señaló que no se trató de un fraude sistemático.
Teoría de transferencia de tinta
Una de las acusaciones más controversiales se refiere a un posible “fraude físico”: según González, el diseño simétrico de las papeletas, combinado con la tinta de secado lento, habría facilitado que el voto a su favor se transfiera a la casilla de Noboa al doblarlas.
La OEA reconoció que hubo “riesgo de transferencia de tinta”, pero aclaró que no encontró pruebas de manipulación sistemática ni alteración de papeletas. El CNE calificó la hipótesis de “descabellada”.
Evaluación de la justicia ecuatoriana
Daniel Noboa defendió su triunfo como un “hecho histórico”, destacando la participación del 83,76% del electorado y la magnitud de la diferencia. “Es imposible que un margen tan amplio sea resultado de fraude”, afirmó.
Mientras tanto, la justicia deberá analizar los elementos presentados por Bravo y determinar si existen méritos suficientes para abrir un proceso formal contra los responsables del contrato de adquisición del material electoral.
