Este sábado 17 de mayo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió un «Proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno« a la Asamblea. Este fue calificado como «urgente en materia económica».
Se trata de su primer proyecto de Ley enviado a la nueva Asamblea Nacional, que entró en funciones esta semana.
30 días para tratar el proyecto de ley de Noboa
En el texto enviado a la Asamblea se detalla que «la presente ley tiene por objeto establecer medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a establecer un marco jurídico nacional aplicable para la desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno. Así como, proteger a la ciudadanía, la sostenibilidad del sistema económico y financiero del Ecuador y la reactivación económica en zonas afectadas».
Al ser calificado como «urgente en materia económica», el proyecto deberá ser tratado en un periodo máximo de 30 días por los asambleístas.
¿Qué dice el proyecto?
El proyecto de ley propone el reconocimiento oficial del Conflicto Armado Interno, a través de la emisión de un Decreto Ejecutivo en el que se sustente las razones que motivan su decisión. Este deberá identificar a los grupos armados organizados que participan en el conflicto y podrá disponer las medidas económicas y financieras necesarias para desarticular las economías criminales.
Además, define al Bloque de Seguridad como una instancia de coordinación operativa encargada de planificar, ejecutar y supervisar las acciones militares y de seguridad. Dicho bloque estará liderado por el Presidente de la República.
Proyecto de Ley de Noboa propone otras sanciones
En el articulado también se busca incluir penas para los integrantes de grupos armados organizados. «Durante la existencia de un conflicto armado interno, las personas que participen directa o indirectamente de un grupo armado organizado (…) será sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años», es una de las propuestas.
«Aquellas personas que ejerzan un rol de dirección, organización, planificación, financiamiento o cualquier forma que permita atribuir un grado de dominio sobre el grupo será sancionado con pena privativa de libertad de 26 a 30 años», se añade.
Cinco provincias son zonas críticas
El proyecto de ley se justicia tras un «análisis territorial que permite identificar zonas críticas en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y El Oro. Las cuales concentran la mayoría de los homicidios del país».
«Estas provincias corresponden a corredores estratégicos para el narcotráfico, contrabando, tráfico de armas y rutas marítimas de exportación ilícita. Tan solo en el año 2023, la provincia del Guayas registró 3.845 homicidios, seguida por Los Ríos (1.010), Manabí (986) y Esmeraldas (478). En 2025, Esmeraldas se consolida como la provincia más afectada, con 1.548 homicidios en apenas cuatro meses», se detalla.
Mientras que el «delito de extorsión reporta índices variables considerables en los últimos años. En 2022 se registraron 6.651 casos; en 2023, 17.597 (un incremento del 164,6%); y en 2024, 20.293 (un 15,3% más). Mientras que en total, en solo tres años, los casos se triplicaron (205,1% de incremento). En el transcurso del año 2025, esta cifra corresponde a 4.569 casos, lo que representa una disminución significativa en comparación al periodo de años pasados».
