El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció el 15 de abril de 2025 la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de 17 países, siguiendo órdenes del presidente Donald Trump. La medida revoca los permisos de trabajo y la protección contra deportación de aproximadamente 1 millón de beneficiarios, argumentando que las condiciones en esos países ya no justifican el programa.

Contexto del TPS y su finalización

El TPS, creado por el Congreso en 1990, permite a nacionales de países con conflictos armados, desastres naturales o condiciones extraordinarias vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. La administración Trump, desde su inicio en enero de 2025, ha priorizado políticas migratorias estrictas, incluyendo la revisión de programas humanitarios como el TPS. El DHS justificó la terminación, afirmando que las condiciones en los países designados han mejorado, aunque no proporcionó detalles específicos para cada caso.

El 13 de abril pasado, el DHS comunicó a través de un portavoz que Afganistán y Camerún fueron los primeros países en perder la designación TPS, afectando a 22.000 beneficiarios. Días después, se extendió la medida a otras 15 nacionalidades, completando la lista de 17 países. La decisión ha generado críticas de organizaciones migratorias, que advierten sobre el impacto económico y humanitario.

Nacionalidades afectadas por el TPS

Los países cuyos nacionales pierden el TPS son:

• Afganistán

• Camerún

• El Salvador

• Haití

• Honduras

• Nepal

• Nicaragua

• Sudán

• Sudán del Sur

• Venezuela

• Somalia

• Siria

• Yemen

• Etiopía

• Guatemala

• Filipinas

• Sierra Leona

Estos inmigrantes, que suman cerca de 1 millón de personas, enfrentan la revocación de sus permisos de trabajo y la posibilidad de deportación, aunque algunos casos están bajo revisión judicial.

Impacto inmediato de la medida

La finalización del TPS afecta a beneficiarios que, en muchos casos, han residido en EE.UU. por décadas. Según el DHS, la terminación implica la pérdida inmediata de autorizaciones de empleo, lo que impacta a sectores como la construcción, la hostelería y los servicios, donde muchos titulares de TPS están empleados. La medida también ha generado incertidumbre para familias con hijos nacidos en EE.UU., quienes son ciudadanos estadounidenses.

Organizaciones como la Fundación Afghan-American han denunciado que la decisión “traiciona promesas” a aliados afganos que trabajaron con fuerzas estadounidenses. En el caso de Venezuela, un fallo judicial del 14 de abril de 2025 frenó temporalmente la revocación del TPS para 250.000 venezolanos, pero la situación sigue en disputa.

Respuesta legal y social

Varios estados, incluyendo Minnesota y 19 más, han presentado demandas contra la administración Trump, alegando que la terminación del TPS viola el debido proceso. Un juez federal en California extendió la protección para venezolanos hasta octubre de 2026, citando “daños irreparables” si se deportaran sin revisión. Sin embargo, el DHS insiste en que la autoridad para designar o cancelar TPS recae exclusivamente en el secretario de Seguridad Nacional.

En redes sociales, movimientos como #TPSforAfghans han ganado tracción, reflejando el descontento de comunidades migrantes. La administración Trump, por su parte, mantiene que las revocaciones refuerzan la seguridad nacional y la política migratoria.

Futuro incierto para beneficiarios

Los beneficiarios del TPS tienen plazos específicos para regularizar su estatus o abandonar EE.UU., que varían según el país. Por ejemplo, los nacionales de Haití enfrentan la expiración de su TPS en agosto de 2025, mientras que otros ya han perdido sus permisos. El DHS no ha anunciado planes para nuevas designaciones de TPS, lo que reduce las opciones para los afectados.

Abogados de inmigración recomiendan a los beneficiarios buscar asesoría legal inmediata, ya que algunos podrían calificar para otros programas migratorios, aunque las alternativas son limitadas. La incertidumbre continúa mientras los tribunales evalúan la legalidad de las decisiones del DHS.