El conjuez Marco Aguirre, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), inició el 16 de abril de 2025 la deliberación para decidir si llama a juicio a nueve acusados. También se incluye a Jorge Glas, por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Esto, tras el desvío de $367 millones destinados a la recuperación tras el terremoto del 16 de abril del 2016.
La Fiscalía General del Estado solicita que todos los implicados enfrenten juicio. Alegando que priorizaron proyectos ajenos a la emergencia post-terremoto de 2016 en Manabí y Esmeraldas. Desviando $367 millones recaudados mediante la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana.
Entre los acusados en el caso Reconstrucción de Manabí están Franklin José B. Q., exsubsecretario de la Regional 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP); Milton Daniel M., exfuncionario de Inmobiliar; Walter Solís, exministro del MTOP; Jorge Glas, expresidente del Comité de la Reconstrucción; Carlos Bernal, exsecretario del Comité; Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico; Boris Sebastián C. G., exviceministro de Infraestructura de Transporte; Omar Wilfrido Ch. R., exviceministro encargado; y Víctor Salvador J. V., exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob).
Postura de la Fiscalía
La fiscal general, Diana Salazar, destacó en una publicación en la red X que, nueve años después del terremoto del 16 de abril de 2016, las víctimas de Manabí y Esmeraldas aún sufren porque los fondos fueron mal utilizados. “Los recursos que todos los ecuatorianos aportamos no se destinaron a dicho fin, sino que fueron abusados por funcionarios públicos ahora procesados”, afirmó.
El delito de peculado, según el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), contempla penas de siete a trece años de prisión para quienes abusen o distraigan dineros públicos. La Fiscalía sostiene que los procesados favorecieron obras no prioritarias, evadieron procesos de contratación pública y beneficiaron a empresas ligadas a familiares, como en el caso de Bernal.
Se defienden
La defensa de Jorge Glas, liderada por Andrés Villegas, rechazó las acusaciones, calificándolas de “falacia grotesca”. Villegas argumentó que los 11 proyectos cuestionados por la Fiscalía fueron contratados antes de la sesión del Comité de Reconstrucción del 22 de mayo de 2017. En la que se basan los cargos contra Glas, y que este organismo no tenía facultades para adjudicar contratos.
“La insinuación de la Fiscalía de que la priorización tenía como finalidad contratar a dedo no resiste el más elemental análisis”, afirmó. Glas, quien participó telemáticamente desde la cárcel La Roca en Guayaquil, pidió al conjuez un proceso “transparente, alejado de pasiones políticas”.
Por su parte, José Luis Chica, abogado de Carlos Bernal, quien reside en Estados Unidos, sostuvo que la acusación se basa en “hipótesis y suposiciones” sin pruebas sólidas. Según Chica, Bernal solo coordinaba proyectos y no tenía atribuciones para manejar fondos o contratar. La defensa enfatizó que las acusaciones deben sustentarse en hechos probados, no en conjeturas.
El conjuez Aguirre no ha anunciado la fecha para emitir su resolución oral. Sin embargo, aseguró que notificará oportunamente a las partes, incluyendo la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que actúa como acusador particular.
Antecedentes del caso Reconstrucción de Manabí
El caso Reconstrucción de Manabí se enmarca en los esfuerzos de Ecuador por combatir la corrupción en la gestión de recursos públicos. Específicamente, tras el devastador terremoto de 2016, que dejó más de 670 muertos y miles de damnificados. La Ley de Solidaridad buscaba financiar la recuperación de Manabí y Esmeraldas, pero las irregularidades detectadas han generado indignación pública. Jorge Glas, figura clave del correísmo, enfrenta múltiples procesos por corrupción.
También se le incluyen condenas por los casos Odebrecht y Sobornos, lo que intensifica el escrutinio sobre su rol en este caso. Actualmente se encuentra en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. Él fue arrestado el 5 de abril de 2024, en la Embajada de México, en Quito, donde se había refugiado desde diciembre de 2023. Se escondió ahí cuatro días después de que la Fiscalía destapara el caso Metástasis.
