La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró este miércoles que Kilmar Ábrego, el migrante deportado por un «error administrativo» a El Salvador, «no regresará» a territorio estadounidense, confrontando así directamente con el Tribunal Supremo, que ordenó lo contrario a la Administración Donald Trump.
Bondi se hizo eco de las declaraciones del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien esta misma semana visitó la Casa Blanca y junto a Trump aseguró que no enviará a Ábrego de vuelta a Estados Unidos. «No va a regresar a nuestro país, el presidente Bukele dijo que no lo enviaría de regreso», manifestó.
Así, Bondi señaló que, bajo la interpretación de la Administración Trump, la orden del Supremo de «facilitar» el regreso de Ábrego al país pasaba por poner a disposición de El Salvador los recursos necesarios para la deportación. Sin embargo, Bukele no lo ha solicitado, por lo que Washington se desentiende del asunto.
Migrante tenía estatus de protección en Estados Unidos
Ábrego fue deportado a mediados de marzo como parte de las políticas impulsadas por Trump para expulsar a los migrantes ilegales del país. Sin embargo, el salvadoreño gozaba de estatus de protección temporal concedido por un juez en 2019, tras abandonar su país huyendo de la violencia.
La jueza federal Paula Xinis ordenó su repatriación, si bien la Administración Trump recurrió al Tribunal Supremo para que bloqueara la decisión. Sin embargo, el máximo tribunal estadounidense respondió que el Gobierno debía «facilitar» el regreso de Ábrego, pero sin dictar ninguna orden concreta al respecto.
Organizaciones de derechos civiles han cuestionado la falta de garantías o directamente la legalidad de estas deportaciones masivas impulsadas por Trump. Especialmente después de que un juez federal ordenara su paralización por considerar inadecuada la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, que data de finales del siglo XVIII.
Declarar a la Administración de Trump en desacato
El juez federal de Columbia James Boasberg determinó este miércoles que hay una «causa probable» para declarar en desacato a la Administración Trump. Esto por haber desobedecido una sentencia emitida el pasado 15 de marzo que exige detener las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador.
Boasberg, que inició así el procedimiento para declarar en desacato a la Administración, explicó que podría evitar este castigo si proporciona explicaciones sobre sus acciones y cumple con la sentencia anterior, según informó The Hill.
El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, aseguró en un mensaje en redes sociales que planean presentar una apelación. «El presidente está totalmente comprometido a garantizar que los terroristas y los migrantes ilegales dejen de ser una amenaza en Estados Unidos», agregó.
Esto se produce después de que Boasberg suspendiera la ejecución de cualquier tipo de deportaciones basadas en esta ley de guerra. Dos aviones que transportaban a venezolanos partieron de Estados Unidos precisamente durante una pausa en las audiencias judiciales.
«Si hay algún avión en vuelo con detenidos, debe dar media vuelta hacia Estados Unidos de cualquier forma posible y tiene que cumplir inmediatamente con esta orden», según el dictamen.
