Transcurridos nueve años del terremoto de magnitud 7,8 que golpeó al país —y con más fuerza a Manabí—, la reconstrucción sigue siendo una promesa postergada.
Parece una mentira, pero todavía hay familias que viven en condiciones precarias porque, pese a los anuncios oficiales, nunca se reconstruyeron sus viviendas. Hubo fallas de contratistas incumplidos, sí, pero más falló el Estado, que no sancionó a quienes recibieron el dinero y no entregaron las obras.
Aún hay negocios que pugnan por surgir y otros de los que solo quedan recuerdos, porque la reactivación no funcionó para todos.
En la mayoría de ciudades, los terrenos baldíos y las estructuras abandonadas —propiedad de entidades públicas— son testimonio del desinterés del propio Estado por recuperar lo que se perdió en aquella tragedia. Basta ver el Palacio de Justicia de Portoviejo, atrapado en un intrincado jurídico sin solución. Ni siquiera ahí se ha hecho justicia.
Hoy, en el noveno aniversario del desastre, conviene admitir que Manabí no ha aprendido la lección: se sigue construyendo al margen de la norma y la técnica; la preparación ante desastres quedó en el olvido, y la población sigue tan vulnerable como entonces.
El Estado continúa en deuda con la reconstrucción y con la reactivación económica de Manabí.
