La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra un grupo de ocho personas, incluido un adolescente, por su presunta participación en el secuestro extorsivo de un terapista de 48 años.
La Fiscalía formuló cargos contra R. D. (adolescente) y Emmanuel M., Stalin J., Karla R., Vanessa A., Darío P., Jéssica A., Frank R. y Francisco A. por su presunta coautoría en el secuestro extorsivo de un terapista en el cantón Totoracocha.
El 6 de marzo de 2025, la víctima, un terapista de 48 años, fue secuestrada por los acusados, quienes se presentaron en su consultorio en la parroquia Totoracocha con citas falsas para recibir terapia de biomagnetismo. Al ingresar, lo vendaron y ataron, obligándolo a subir a un vehículo que lo trasladó a un contenedor, donde lo agredieron físicamente.
Durante ese día, los secuestradores enviaron a los familiares de la víctima videos de los maltratos físicos, junto con una exigencia de 300.000 dólares a cambio de su liberación. Ante la amenaza de muerte y la tortura, los familiares denunciaron el hecho ante la Fiscalía, lo que permitió una intervención urgente de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase).
Los implicados trasladaron al terapista a un inmueble en la parroquia El Valle. Alló lo torturaron durante varios días, utilizando golpes, asfixia y aplicación de corriente eléctrica. Los secuestradores grabaron las agresiones y enviaron más videos para presionar a los familiares. Finalmente, tras acordar el pago del rescate, los secuestradores liberaron a la víctima.
Operativo tras secuestro
El 12 de marzo de 2025, tras un operativo policial en Chiquintad, Miraflores, El Valle y Parque del Dragón, la víctima quedó en libertad. Durante los allanamientos, la policía incautó seis vehículos, cinco armas de fuego, radios de comunicación, celulares, computadoras y otros objetos vinculados al crimen.
La Fiscalía abrió dos procesos penales. Uno por secuestro extorsivo y otro por tenencia y porte no autorizado de armas de fuego. Estos delitos están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece sanciones severas para estos delitos.
De manera extraoficial se conoció que entre los detenidos hay una mujer que sería prima del ciudadano que estaba retenido contra su voluntad.
