El 10 de abril, la ciudadana Patricia Herrera presentó una denuncia contra Pabel Muñoz, alcalde de Quito, por presunta violencia política de género ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La acusación, dirigida a Pabel Muñoz en su rol como presidente del Pleno del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, será tramitada en Quito por el juez Ángel Torres.
Un nuevo proceso en el TCE
Tras la denuncia, el TCE sorteó la causa, asignándola al juez Ángel Torres para su análisis, según informó el portal Primicias. En los próximos días, el magistrado evaluará la admisibilidad del caso durante la fase de sustanciación. Si se admite, el proceso avanzará con audiencias y presentación de pruebas; de lo contrario, podría archivarse. Por ahora, no se han revelado detalles específicos sobre los hechos denunciados por Herrera.
Además, esta es la segunda causa que Pabel Muñoz enfrenta en el TCE. Desde marzo de 2025, el colectivo Defiende tu Voto, liderado por Néstor Marroquín, impulsa una revocatoria de mandato contra el alcalde, exigiendo 205.636 firmas para convocar a una consulta popular. Este contexto multiplica el interés público en la situación.
No se han confirmado detalles del incidente
La violencia política de género, según la legislación ecuatoriana, abarca actos que limitan o vulneran los derechos políticos de una persona por su género.
En este caso, Herrera acusa a Pabel Muñoz en su calidad de presidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, un organismo encargado de garantizar políticas inclusivas en Quito. Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado los detalles del presunto incidente.
Por su parte, el TCE actúa como garante de la justicia electoral en Ecuador. Su rol incluye resolver denuncias relacionadas con infracciones políticas, como esta. La asignación del caso a Torres, un juez con experiencia en procesos electorales, asegura un trámite conforme a la normativa vigente.
Otros antecedentes de Muñoz
Mientras tanto, el proceso de revocatoria sigue su curso. El 14 de marzo de 2025, el TCE ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) entregar formularios para recolectar firmas, tras aceptar la solicitud de Marroquín. Este proceso, que requiere el respaldo del 10% del padrón electoral quiteño, podría llevar a una votación para decidir si Muñoz continúa en el cargo hasta 2027.
Asimismo, Muñoz ha enfrentado críticas por su gestión. En 2024, fue sancionado con una multa de USD 9.200 por proselitismo político durante las elecciones presidenciales de 2023, lo que motivó la revocatoria. Estos eventos han polarizado opiniones sobre su liderazgo en la capital ecuatoriana.
Impacto en la gestión municipal
En consecuencia, la nueva denuncia podría influir en la percepción pública de la alcaldía. Aunque Muñoz no ha emitido declaraciones específicas sobre la acusación de Herrera, en el pasado ha calificado la revocatoria como “persecución política”. El desarrollo de ambos procesos será clave para determinar su continuidad en el cargo.
Por ahora, el juez Torres tiene la responsabilidad de evaluar la denuncia con imparcialidad. La resolución de este caso, junto con el avance de la revocatoria, mantendrá a Quito expectante ante posibles cambios en su administración.
