La Fiscalía General del Estado avanzó en el Caso Plaga, una red de corrupción que presuntamente operaba dentro del sistema judicial ecuatoriano. El juez nacional llamó a juicio a 13 procesados por su supuesta participación. A ellos se los investiga en delitos de delincuencia organizada, con el fin de obtener beneficios económicos ilegales.
De estos, seis tienen vínculos directos con Santo Domingo de los Tsáchilas, destacando la gravedad del caso en esta región.
Una presunta red criminal de corrupción
Según la investigación, la estructura criminal, liderada por el abogado prófugo Cristian Giovanny R. M., operaba desde 2022 y estaba integrada por jueces, funcionarios y abogados, incluyendo a varios de Santo Domingo.
Se les acusa de liberar ilegalmente a personas privadas de libertad (PPL) a cambio de grandes sumas de dinero, cometiendo delitos como cohecho, tráfico de influencias y prevaricato.
Esta red, relacionada con el Caso Metástasis, manipulaba audiencias y expedientes para favorecer a líderes criminales, como miembros de Los Lobos, y figuras públicas como Daniel Salcedo y el exvicepresidente Jorge Glas.
En octubre de 2024, el Consejo de la Judicatura destituyó a cinco jueces y una secretaria de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas por su presunta participación en esta red.
Los procesados de la zona incluyen al abogado Cristian Giovanny R. M., considerado el líder, y cuatro exjueces: Luis Abelardo L. L., Jorge Efraín M. B., Patricio Armando C. C. y José G., además de una secretaria de la Corte.
Líderes y colaboradores de la red criminal de corrupción
Entre los principales acusados están Cristian Giovanny R. M. y Jonathan Roberto A. Sh., señalados como los líderes de la organización. Los jueces de Santo Domingo enfrentan cargos por haber liberado presos a cambio de sobornos que oscilaban entre los 10,000 y 30,000 dólares.
Otros colaboradores, como Gary Fabricio P. C. y Danny Andrés O. Zh., también están implicados por facilitar documentos fraudulentos.
De los 14 procesados inicialmente, ocho permanecen prófugos, tres cumplen prisión preventiva, dos tienen arresto domiciliario y una se reporta periódicamente.
Mientras tanto, 15 personas ya aceptaron su responsabilidad y fueron sentenciadas en procedimientos abreviados. Esto que refleja el progreso de las autoridades en desmantelar esta red que ha sacudido la confianza en el sistema judicial ecuatoriano.
El caso Plaga arrancó investigando a 31 personas, pero luego de 15 sentencias reducidas y dos abstentivos, solo quedan siendo procesadas 14 personas.
Para los ubicados como líderes de la delincuencia organizada definida en el caso Plaga la pena privativa de libertad va de los siete a diez años, Mientras que los ubicados en el segundo inciso del articulado. Los vistos como colaboradores, se atienen a penas que van de los cinco a siete años de cárcel (5).
