El naufragio del pesquero de bendera colombiana Patricia Lynn, ocurrido el 21 de diciembre de 2024, marcó un antes y un después en Manta. Con 21 pescadores desaparecidos, las familias afectadas, lideradas por María Chóez, enfrentan un calvario de dolor, abandono y promesas incumplidas. Cuatro meses después, Chóez denuncia la indiferencia de la naviera y la falta de apoyo institucional, mientras las familias luchan por sobrevivir sin el sustento de sus hogares.
Chóez apunta directamente a Gabriel Briones, jefe de bahía y representante de la naviera. Briones asiste a citaciones de la Fiscalía y la Capitanía de Manta pero ignora a las familias. “Él cumple con las autoridades, pero con nosotros, nada”, asegura con indignación. Además, critica que la empresa no organiza reuniones ni propone soluciones. “Es como si los pescadores se perdieran y todos perdiéramos”, dice, destacando el impacto devastador en los hogares.
Al principio, la naviera prometió responder por los 21 pescadores, aunque solo 16 figuraban registrados. Sin embargo, esas palabras no se tradujeron en hechos. Chóez recuerda un episodio que avivó falsas esperanzas: horas después del naufragio, la esposa de Briones afirmó que los pescadores estaban rescatados y en Salinas. “Nos dijo que llegarían a medianoche”, relata. Pero la noticia resultó falsa, y las familias sospechan que buscaban calmarlas para evitar protestas. “Nos mandaron a casa, pero nunca hubo rescate”, agrega con frustración.
Vigilas de familiares de desaparecidos del pesquero Patricia Lynn, disminuyen
Familias de Manta, Portoviejo y Esmeraldas
Por otro lado, los rumores sobre el interés de la naviera en cobrar un seguro del barco indignan a los afectados. “No sabemos nada oficial, solo rumores”, explica Chóez. Las familias, provenientes de Manta, Jaramijó, Crucita, Divino Niño, Santa Clara y Esmeraldas, exigen un encuentro con la empresa. “Queremos que tomen conciencia y nos ayuden”, insiste. Sin embargo, la naviera guarda silencio, dejando a los afectados en un limbo de incertidumbre.
La crisis económica golpea sin piedad. Con el año escolar en marcha, las familias carecen de recursos para alimentos, uniformes o útiles escolares. Muchas madres lavan ropa o limpian casas para subsistir. “Es durísimo. Los niños necesitan comer y estudiar, pero no tenemos nada”, lamenta Chóez. Antes, las familias mantenían una vigilia constante en la Capitanía, en Manta, pero ahora solo acuden de 3 a 5 de la tarde, ya que muchas deben trabajar para cubrir necesidades básicas.
Ya no reciben apoyo de nadie en Capitanía en Manta
El municipio de Manta, que inicialmente proporcionó una carpa, la retiró hace poco. Ahora, las familias se reúnen en un espacio improvisado junto al edificio de la Capitanía. Aunque las autoridades locales ofrecieron apoyo jurídico, sólo las enviaron a la Defensoría Pública, sin avances concretos. “Estamos a la deriva, luchando solas”, sentencia Chóez. La carpa, que simbolizaba su resistencia, ya no existe, y las familias se sienten más desprotegidas que nunca.
Pese al abandono, la fe y la esperanza impulsan a los afectados. Chóez, quien representa a familias de diversas comunidades, exige respuestas. “Perdimos a nuestros seres queridos, nuestro sustento, todo. No pueden ignorarnos”, afirma. La tragedia del pesquero Patricia Lynn no solo arrebató a los jefes de hogar, sino también la estabilidad de decenas de hogares que claman justicia, apoyo y un futuro digno.
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