El juez Renán Andrade dictó este 9 de abril una resolución que marca un hito en el caso Triple A, una investigación por presunta comercialización ilegal de combustibles.

En esta trama, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue vinculado formalmente y deberá cumplir medidas cautelares que incluyen el uso de un grillete electrónico, presentaciones periódicas ante la justicia y la prohibición de salir del país. La decisión se tomó tras una audiencia de vinculación en el Complejo Judicial del Norte de Quito, donde la Fiscalía, liderada por el fiscal Carlos Alarcón, presentó indicios que lo señalan como presunto autor de un delito relacionado con el manejo irregular de hidrocarburos.

Detalles del caso Triple A

El caso Triple A tuvo su origen el 23 de julio del 2024, cuando la Fiscalía General del Estado ejecutó siete allanamientos simultáneos en Guayaquil y Milagro, provincia de Guayas. La investigación se centra en un presunto esquema de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización y distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos. Según la denuncia inicial, presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables en julio de 2024, se detectaron diferencias significativas entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias empresas, entre ellas algunas vinculadas a la familia Álvarez.

La Fiscalía ha identificado a Copedesa S.A., una empresa familiar de la que Aquiles Álvarez es accionista y representante, como una de las principales implicadas. Otras compañías procesadas incluyen Fuelcorp S.A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S.A. e Indudiesel S.A. El fiscal Alarcón expuso durante la audiencia que Aquiles Álvarez, como parte de su rol en Copedesa, habría gestionado permisos ante Petroecuador para comercializar combustibles en los sectores automotriz, industrial y naviero, pero existirían indicios de irregularidades en el uso de dichos permisos.

Implicados

Además de Aquiles Álvarez, la Fiscalía de Ecuador vinculó a otras 10 personas naturales y una persona jurídica en esta etapa del caso. Entre los señalados están cuatro contadores presuntamente relacionados con las empresas investigadas, así como José Franco, excoordinador técnico de control hidrocarburífero de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, quien también habría tenido vínculos laborales con Copedesa y Fuelcorp.

En total, el proceso abarca a 16 personas naturales y seis empresas, de las cuales cinco personas y cinco compañías ya habían sido procesadas en diciembre de 2024 con medidas cautelares similares.

El juez Andrade negó el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía contra Aquiles Álvarez, argumentando que las medidas sustitutivas eran suficientes para garantizar su comparecencia en el proceso. La instrucción fiscal, que inicialmente duró 90 días desde diciembre del 2024, se extenderá por 30 días adicionales para completar las diligencias pendientes.

La reacción de Aquiles Álvarez por la resolución en el caso Triple A

Aquiles Álvarez, quien participó en la audiencia de forma telemática, rechazó las acusaciones y calificó el proceso como una “persecución política”. En declaraciones previas en la red social X, el alcalde afirmó: “El fiscal ha pedido prisión preventiva sin argumento alguno, sin elementos de convicción. Está grabado y en su momento el país conocerá y verá el mamotreto que se ha armado”. Álvarez sugirió que la vinculación busca desviar la atención de un video difundido el 8 de abril por Verónica Sarauz, exesposa del asesinado excandidato presidencial Fernando Villavicencio, que contiene graves acusaciones contra la fiscal general Diana Salazar.

El burgomaestre, afiliado al movimiento Revolución Ciudadana, también ha cuestionado la imparcialidad del fiscal Carlos Alarcón y ha señalado presiones del gobierno del presidente Daniel Noboa como trasfondo del caso. “No hay elementos para vincular, esto es persecución pura y está demostrado en el proceso. Soy el único en el país que se le planta al enano odiador y lo seguiré”, escribió en febrero de 2025.

Implicaciones y próximos pasos

La imposición del grillete electrónico a un alcalde es un hecho sin precedentes en Ecuador y plantea interrogantes sobre su impacto en la gestión municipal de Guayaquil.

El delito investigado, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, podría acarrear una pena de uno a cinco años de prisión para Aquiles Álvarez, en caso de demostrarse su culpabilidad en el caso Triple A.

Mientras tanto, la defensa de Álvarez ha solicitado que se declare concluida la instrucción fiscal, argumentando que el plazo legal de 90 días ya venció y que la vinculación sería extemporánea. Sin embargo, el Renán Andrade mantuvo abierta la investigación, otorgando un mes adicional para recabar más pruebas.

El caso Triple A continúa generando controversia y polarización, con sectores correístas defendiendo a Álvarez como víctima de una persecución política, y críticos del gobierno municipal exigiendo transparencia y rendición de cuentas.

Pese a las medidas impuestas, Aquiles Álvarez anunció que continuará ejerciendo sus funciones como alcalde de Guayaquil.