La ratificación de la suspensión temporal de los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad desató un intenso debate jurídico y político sobre sus implicaciones y el futuro de su cargo. Hay quienes recuerdan el caso del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay.

El 24 de marzo de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la suspensión de los derechos políticos de Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador. Esto dentro del caso de violencia política de género denunciado por la canciller Gabriela Sommerfeld. La medida, que afecta la participación política de Abad por dos años, genera reacciones mixtas entre expertos legales y políticos del país. Hay quienes cuestionan su legalidad y consecuencias en el ámbito político ecuatoriano. Un periodista recuerda el caso de Javier Pincay, alcalde de Portoviejo que tuvo una sanción similar.

La sentencia histórica que suspendió los derechos de Verónica Abad

El periodista Fabricio Vela explicó que, aunque la vicepresidenta tiene la posibilidad de solicitar una ampliación o aclaración de la sentencia, la misma es irrevocable y no tiene posibilidad de apelación. «La gran interrogante es si, con la suspensión de sus derechos de participación, Abad puede seguir ejerciendo la vicepresidencia», comentó Vela. Para algunos, esta medida es un paso decisivo, pero para otros plantea interrogantes sobre la continuidad de Abad en su cargo.

El periodista aseguró que “es inevitable la comparación con el caso de Javier Pincay, quien recibió una sentencia similar en 2023 pero sigue ejerciendo la Alcaldía de Portoviejo, porque el TCE le aclaró que su sanción básicamente le impide elegir y ser elegido, pero no pierde su condición de autoridad”, precisó Vela.

Reacciones y análisis legales sobre la suspensión

Desde el ámbito jurídico, las opiniones son divididas. El constitucionalista Ismael Quintana indicó que, aunque la sentencia del TCE aún no está «en firme», la vicepresidenta podría pedir una aclaración. El abogado, pese a eso dijo que, el fondo del asunto no cambiaría. Según Quintana, la suspensión de los derechos políticos de Abad implica que no podrá ejercer su cargo, ya que el ejercicio de funciones públicas está relacionado con los derechos políticos. «Esto provoca una ausencia temporal, lo que hace que Verónica Abad no pueda ejercer ningún cargo ni recibir remuneración del sector público», explicó.

El Ministro de Gobierno José De La Gasca mencionó que «Hay una relación inquebrantable entre el correísmo y Verónica Abad», dijo De La Gasca. El Ministro asegura que la vicepresidenta fue utilizada como parte de una estrategia para socavar al gobierno de Daniel Noboa. Esta declaración refuerza la percepción de que el caso podría tener trasfondos políticos más allá del ámbito estrictamente legal.

Incertidumbre sobre la constitucionalidad de la sanción

El equipo legal de Verónica Abad también ha expresado su preocupación por lo que consideran una «decisión abiertamente inconstitucional». Dominique Dávila Silva, abogada de Abad, subrayó que la sentencia del TCE va en contra de la Constitución de Ecuador. Ella argumenta que la vicepresidenta no puede ser despojada de sus derechos políticos sin un proceso de destitución aprobado por la Asamblea Nacional. Según Dávila, la decisión afecta un derecho protegido por la Constitución y vulnera los principios del debido proceso.

Abogados constitucionalistas también han señalado que la resolución podría contravenir tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). También se cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que protegen los derechos políticos y prohíben sanciones arbitrarias o desproporcionadas. La medida de suspensión por dos años es vista por algunos como excesiva. Algunos consideran una restricción indebida a sus derechos fundamentales.

A nivel político, la suspensión de Abad podría tener implicaciones en las elecciones de 2025. En caso de que el presidente Daniel Noboa solicite licencia como manda la Ley para su campaña de reelección, Abad quedaría impedida de asumir la presidencia. Esto, según los abogados podría interpretarse como una maniobra para excluirla de la línea sucesoria. Este punto ha alimentado las críticas sobre la posible instrumentalización del TCE con fines políticos, cuestionando la imparcialidad de la institución.