La fiscal Diana Salazar cumplirá la próxima semana sus seis años en el cargo se debe nombrar a un sucesor para un nuevo período.
Si hasta este martes, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha finalizado el concurso para designar nuevo fiscal, ella puede dejar el cargo o prorrogarse hasta que se nombre a su sucesor.
Sobre el tema, Salazar señaló: “Más allá de asegurar la estabilidad y la continuidad del trabajo en la Fiscalía, considero fundamental que la transición se desarrolle de manera ordenada y conforme a la normativa. Tomaré la decisión que garantice el adecuado funcionamiento del sistema y el cumplimiento de los procedimientos establecidos”.
Lo dijo en una entrevista con el portal La Historia, publicada el 28 de marzo anterior.
Si ella no acepta continuar en el cargo y el concurso sigue estancado, la primera opción sería el fiscal subrogante Wilson Toainga. Pero él también cumple su periodo en abril de 2025 y puede, asimismo, puede escoger entre finalizar su periodo o alargarlo.
Si Toainga no se prorroga, se debe nombrar un fiscal interino desde el CPCCS.
Diana Salazar, como Fiscal General de Ecuador, ha liderado varias investigaciones que han generado controversia y debate público por su alcance, las figuras involucradas y las implicaciones políticas y sociales.
A continuación, se destacan algunos de los casos más polémicos que ha investigado durante su gestión, basada en información disponible hasta abril de 2025:
Caso Metástasis
Este es uno de los casos más resonantes de su carrera. Iniciado en diciembre de 2023, Salazar destapó una red de corrupción y delincuencia organizada que vinculaba a jueces, fiscales, policías, funcionarios penitenciarios y abogados con el narcotráfico.
La investigación se originó tras el asesinato en prisión de Leandro Norero, un conocido narcotraficante, en 2022.
Se realizaron 75 allanamientos y se detuvieron a más de 30 personas, incluyendo al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.
Salazar calificó este caso como una «radiografía» de cómo el narcotráfico se infiltró en las instituciones del Estado, lo que lo convirtió en un símbolo de su lucha contra la «narcopolítica».
Caso Sobornos 2012-2016
Salazar impulsó este proceso que culminó en 2020 con la condena del expresidente Rafael Correa y su exvicepresidente Jorge Glas a ocho años de prisión por cohecho.
La investigación alegó que recibieron aportes ilegales de empresas, como Odebrecht, para financiar campañas políticas a cambio de contratos públicos.
El uso de la figura de «influjo psíquico» para implicar a Correa generó críticas por parte de sus seguidores, quienes lo consideran un caso de «lawfare» (guerra jurídica) para inhabilitarlo políticamente.
Este caso marcó un hito en su gestión, pero también la enfrentó a acusaciones de parcialidad y persecución política.
Caso Reconstrucción de Manabí
Salazar investigó presuntas irregularidades en el manejo de fondos tras el terremoto de 2016, implicando nuevamente a Jorge Glas, quien enfrenta cargos por peculado.
Este caso ha sido polémico por las tensiones con Glas, actualmente recluido en La Roca.
