Dani Alves, exjugador del FC Barcelona, compareció este viernes, 4 de abril de 2025, en la Sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona, España, para realizar trámites de secretaría y recuperar sus pasaportes, tras ser absuelto hace una semana por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del delito de agresión sexual por el que había sido condenado.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) informó mediante un comunicado que Alves acudió a la Audiencia Provincial de Barcelona para cumplir con los procedimientos administrativos necesarios. Este trámite se deriva de la resolución del pasado 28 de marzo de 2025, cuando la Sección de Apelaciones del TSJC estimó por unanimidad el recurso presentado por su abogada, Inés Guardiola, y revocó la sentencia inicial que lo condenaba a cuatro años y medio de prisión.
Absolución por insuficiencia de pruebas
La decisión del TSJC se basó en que la sentencia de la Audiencia de Barcelona, emitida en febrero de 2024, presentaba «vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones» en los hechos relatados. El tribunal cuestionó la fiabilidad del testimonio de la denunciante sobre el incidente ocurrido en la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022, concluyendo que no se superaron los estándares de la presunción de inocencia. Como resultado, se anularon las medidas cautelares, incluyendo la retención de los pasaportes español y brasileño de Alves.
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La recuperación de estos documentos permite al exfutbolista, quien estuvo en prisión preventiva durante 14 meses hasta marzo de 2024, retomar su libertad de movimiento. Alves había salido en libertad provisional tras pagar una fianza de un millón de euros, mientras se resolvían los recursos presentados por las partes.
Cómo se dieron los hechos
El caso se originó tras una denuncia por agresión sexual en la discoteca Sutton de Barcelona. Esto llevó a la detención de Alves en enero de 2023. La Audiencia Provincial lo condenó inicialmente, pero el TSJC revocó el fallo tras analizar las pruebas y el relato de la denunciante. La Fiscalía y la acusación particular, que pedían penas de nueve y doce años respectivamente, anunciaron su intención de recurrir la absolución ante el Tribunal Supremo.