La crisis energética que vivió Ecuador y el contrato del campo Sacha ponen en peligro la continuidad de Inés Manzano como ministra de Energía y Minas.
Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, anunció el impulso de un juicio político contra Manzano. La legisladora del correísmo tomó esta decisión después de que la funcionaria del gobierno de Daniel Noboa no compareciera en una sesión clave. Durante la reunión, se analizarían contratos ejecutados en la crisis energética del 2024.
El Gobierno de Ecuador adquirió generadores de energía en noviembre del 2024 a la empresa Progen Industries LLC. Sin embargo, la compañía no entregó todos los equipos comprometidos. Salitral y Quevedo, en Los Ríos, esperaban estas instalaciones para estabilizar el suministro eléctrico. La falta de respuestas de Inés Manzano ha generado dudas en la Asamblea.
Aguirre destacó que esta sería la cuarta vez que la ministra no asiste una reunión convocada por la comisión, por lo que la bancada de la Revolución Ciudadana impulsará el pedido de juicio político, que deberá ser aprobado en una votación por el Pleno de la Asamblea Nacional, conformado principalmente por el correísmo.
Los asambleístas también esperaban su versión sobre la adjudicación del campo petrolero Sacha. Este bloque, el más productivo del país, había sido entregado al consorcio Sinopetrol. Sin embargo, la transacción no prosperó debido a incumplimientos en el pago de la prima inicial.
Inés Manzano y el campo Sacha
El contrato con Sinopetrol establecía un pago de 1.500 millones de dólares antes del 11 de marzo. Ese día, la ministra de Energía y Minas anunció el vencimiento del plazo. La empresa tenía que realizar el depósito antes de las 21:00, pero la transferencia no se concretó.
La compañía estaba compuesta por Amodaimi, subsidiaria de Sinopec, y Petrolia, de New Stratus Energy. La adjudicación del campo Sacha generaba expectativas debido a su alto nivel de producción. Sin embargo, la falta de pago dejó en incertidumbre la operación del bloque.
El Gobierno de Ecuador justificó la adjudicación fallida argumentando que Petroecuador opera con infraestructura obsoleta. Sacha cuenta con equipos corroídos, sistemas deficientes y más de 1.200 puntos de contaminación. Estos factores ponen en riesgo la seguridad ambiental y la eficiencia de la extracción petrolera.
