La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha subrayado que cualquier restricción de libertades en Ecuador debe respetar los «principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación», de tal manera que medidas de «emergencia» como el estado de excepción decretado esta semana por el presidente Daniel Noboa se «limiten» a contener la escalada de la violencia de grupos criminales.
Naciones Unidas sigue «de cerca» la situación en Ecuador, un país que encara «enormes desafíos» en materia de inseguridad, como ha admitido la portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Liz Throssell. Noboa ha decretado que el país sufre un «conflicto armado interno», dando así más poderes a las Fuerzas Armadas.
«Los poderes concedidos a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública deben ser excepcionales, limitados en el tiempo y quedar subordinados a autoridades civiles», ha advertido Throssell, en un mensaje en el que ha llamado a circunscribir cualquier actuación al Derecho Internacional. «Esto también es crucial para mantener la confianza de la población y la cohesión social», ha apostillado.
En este sentido, la portavoz ha señalado que «los Derechos Humanos deben estar en el centro de todas las políticas para hacer frente a la violencia» y ha incidido en que también deben atajarse las causas que subyacen tras el repunte más reciente de inseguridad.
La ONU, que se ofrece a colaborar con las autoridades ecuatorianas en esta materia, también espera que las investigaciones abiertas por la Fiscalía sobre los últimos incidentes se desarrollen de manera «rápida, transparente, completa e independiente». En los últimos días, al menos doce personas han muerto asesinadas y unas 170 personas han sido secuestradas en siete cárceles.
