La reconstrucción y la reactivación económica para las provincias de Manabí y Esmeraldas, las más afectadas por el terremoto que hace cinco años golpeó al país, siguen siendo una de las grandes deudas del Estado con los habitantes de estas jurisdicciones.
A pesar de las leyes y ordenanzas que se han emitido, salta a la vista que lo que se ha hecho no ha sido suficiente, y que los errores de los funcionarios los han tenido que pagar los mismos perjudicados por el sismo.
Ni el actual gobierno ni el anterior han sido capaces de terminar de reconstruir las viviendas que los damnificados perdieron en semejante tragedia. Es más, han desatendido las denuncias. Por ello, todavía hay gente que habita en carpas y covachas.
Tampoco se tendió la ayuda que requirieron muchos comerciantes y pequeños productores que, al perder sus bienes, tuvieron que buscar la forma de levantarse por sus propios medios, en un proceso lento y difícil por estar en una provincia económicamente golpeada.
Aún hay obras de emergencia en espera, como los hospitales y los cuarteles bomberiles.
Dinero hubo. El mismo Gobierno se encargó de rendir cuentas de su existencia, pero no de su destino.