El artículo del Reglamento General de la Ley de Elecciones que exige la inscripción personal y presencial de un ciudadano para candidatizarse a alguna dignidad, al parecer era el último obstáculo a sortear por Rafael Correa y Centro Democrático, que finalmente logró la aceptación del CNE para aliarse con los partidarios de la Revolución Ciudadana desafiliados de Alianza PAIS desde que este ex fuerte partido dio un giro total en manos de Moreno.
En representación de Rafael Correa, su hermana Pierina introdujo la solicitud, apoyada por una videoconferencia donde el aspirante se hacía presente en forma virtual. El vocal Pita, claramente definido por otro candidato, ha manifestado inconformidad ante la aceptación de inscripción, de la que el pleno del CNE aún debe decidir. Las protestas del pueblo, las duras críticas internacionales y aun de periodistas nacionales no afines, pero contrarios a la maquinación evidente para lograr que la derecha siga en el poder, lograron, pese a las reticencias, que al menos el CNE aceptara la inscripción. De no haberla recibido, todo tipo de acuerdos y documentos electrónicos, el famoso y actual teletrabajo perderían legitimidad, incluidos los oficios Quipux, sistema virtual del Estado.
La posición de los periodistas nacionales no es por haberse vendido, es por defender una acción democrática legítima o por desacuerdo con la alianza Nebot-Lasso; de paso, defienden su credibilidad ante el gran público, más cuando rechazan la manipulación de las encuestas, conocedores de primera mano de que Arauz, con Correa o con Rabascall, ganaría en primera vuelta.
Los pactos y uniones legítimas y otras de pura conveniencia recuerdan las palabras de Velasco Ibarra cuando ante una reñida contienda entre Huerta, que encabezaba las encuestas y Ponce Enríquez dijo: o el Frente me tritura a mí, o yo trituro al Frente.
Vista la unión con acólitos reconocidos ya se pide la observación de entidades internacionales. El aparataje público, incluido el judicial, se empeñó en alistar la sentencia del caso Sobornos, antes de que se inscribiera la candidatura de Correa. Para el caso, cualquier dislate es válido y si no fuera suficiente, han desempolvado un tratado de extradición suscrito entre Ecuador y Bélgica en 1887, firmado por José María Plácido Caamaño, el de la venta de nuestra bandera mientras era gobernador de Guayas y el Rey Leopoldo. Dicen los de argucias febriles que habría que actualizarlo, aplicarle el delito de corrupción de funcionarios y contar con la voluntad de los gobernantes de hoy. No hace falta preguntar, Moreno tiene gran predisposición; Bélgica, al contrario… es país avanzado.
