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Denuncian a líder de la Conaie por instigación pública y asociación ilícita

La acción legal, interpuesta por el exlegislador Ramiro Rivera, señala que el discurso de Vargas, en el marco del paro nacional convocado por la Conaie, incitó a actos violentos.
Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en rueda de prensa. FOTO: API.
Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en rueda de prensa. FOTO: API.
Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en rueda de prensa. FOTO: API.
Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en rueda de prensa. FOTO: API.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Nací en Manta en 1993. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo. Tengo exper... Ver más

Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), enfrenta una denuncia penal por los presuntos delitos de instigación pública y asociación ilícita. Esta denuncia fue presentada este lunes 6 de octubre ante la Fiscalía General del Estado.

La acción legal, interpuesta por el exlegislador Ramiro Rivera, señala que el discurso de Vargas, en el marco del paro nacional convocado por la Conaie, incitó a actos violentos. En particular, menciona actos contra Quito y las instituciones estatales.

Detalles de la denuncia

La denuncia, formulada por Rivera, exmiembro de la extinta Democracia Popular, argumenta que las declaraciones de Vargas fueron problemáticas. En las mismas, Vargas llamó a “tomarse Quito” durante las protestas. Esto constituye instigación pública al promover actos violentos sin participar directamente en ellos. Según el escrito, el discurso del líder indígena se ajusta a esta figura penal. Además, evidencia una presunta asociación ilícita destinada a cometer delitos contra el orden público.

Rivera sostiene que las movilizaciones incluyeron actos violentos sistemáticos, como el uso de pirotecnia explosiva y ataques contra personas, agentes de seguridad, vehículos y bienes públicos. El exlegislador también apunta a la posible configuración del delito de terrorismo, debido a la naturaleza de las acciones denunciadas. En su solicitud, Rivera pidió a la Fiscalía que admita la denuncia y realice investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos.

Solicitudes a la Fiscalía

Rivera instó a la Fiscalía a ordenar una verificación de las cuentas bancarias de personas involucradas en las protestas. Esto se haría a través de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Esta medida busca identificar el financiamiento, planificación y coordinación de las movilizaciones. Así mismo, pretende conocer la posible participación de terceros financiadores. Además, solicitó pericias digitales forenses sobre las redes sociales de Vargas y de la Conaie para analizar el contenido relacionado con las protestas.

El exlegislador también requirió actos urgentes, como allanamientos a oficinas y centros comunitarios. Estos son lugares donde se planificaron las movilizaciones. También solicitó la retención de equipos informáticos para recabar evidencia. Estas acciones, según Rivera, permitirían determinar la estructura de apoyo económico y logístico detrás de las protestas.

Contexto del paro nacional

La denuncia se presenta en el marco del paro nacional convocado por la Conaie, que inició el 22 de septiembre de 2025. Esta medida es en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, decretada por el presidente Daniel Noboa.

Las movilizaciones han generado bloqueos de vías y enfrentamientos en varios puntos del país, particularmente en Quito y Otavalo. En estas zonas se reportaron detenciones de manifestantes acusados de delitos como terrorismo. La Conaie, principal organización indígena del Ecuador, ha defendido las protestas como un ejercicio de resistencia frente a políticas económicas que afectan a las comunidades rurales.

Próximos pasos legales

La Fiscalía General del Estado aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la admisión de la denuncia. El proceso investigativo, de ser aceptado, podría implicar una revisión exhaustiva de las pruebas presentadas por Rivera, incluyendo las pericias solicitadas.

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