El Consejo de la Judicatura (CJ), a través de su presidente, Mario Godoy, confirmó el viernes 01 de agosto de 2025 el inicio de un proceso de recuperación para el Edificio Judicial de Riobamba, un inmueble que ha permanecido abandonado por más de 14 años.
La decisión se produce después de un largo litigio con la empresa a cargo de su construcción. El objetivo es rehabilitar el espacio para el servicio de la justicia en la provincia de Chimborazo, a través de una colaboración interinstitucional que incluye a la academia.
Acciones y compromiso institucional
Durante una rueda de prensa en la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, el presidente del CJ, Mario Godoy, detalló las gestiones legales y técnicas en curso. Estuvo acompañado por la asambleísta Mishel Mancheno y el director provincial del CJ, Alex Sánchez. Godoy destacó la importancia de la colaboración con diferentes entidades del Estado para avanzar con el proyecto de rehabilitación.
Colaboración con la Universidad Nacional de Chimborazo
El presidente Godoy, junto al director general del CJ, Jorge Maruri, firmó dos Convenios de Cooperación Interinstitucional con el rector de la Universidad Nacional de Chimborazo, Nicolay Samaniego. La finalidad es que la Facultad de Ingeniería Civil de la universidad realice los estudios técnicos necesarios sobre la infraestructura.
Según Godoy, estos estudios serán cruciales para determinar la viabilidad operativa del edificio. “Contaremos con el respaldo de la academia para realizar los estudios técnicos que permitan determinar la viabilidad operativa de esta edificación. Con base en esos insumos, avanzaremos en los procesos de contratación necesarios para encontrar una solución definitiva y recuperar este espacio para la justicia”, afirmó.
Beneficios para la provincia de Chimborazo
La rehabilitación del edificio judicial de Riobamba responde a la necesidad de contar con espacios adecuados y seguros para los usuarios y servidores judiciales. El presidente del CJ reiteró su compromiso con la provincia, destacando que la colaboración con la academia, autoridades locales y representantes legislativos es fundamental para garantizar un servicio de justicia digno.
La información técnica recopilada servirá como base para definir las soluciones más viables para la rehabilitación, asegurando que las decisiones institucionales sean fundadas y beneficien al sistema de justicia.
