La viceministra de Ambiente, Daniela Limongi, anunció el 23 de julio de 2025 que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) suspendió la construcción de un paso elevado en la avenida del Bombero y la avenida Leopoldo Carrera, en Guayaquil, luego de recibir denuncias ciudadanas.
La decisión provocó la revocatoria del permiso ambiental y el inicio de un proceso sancionador contra el Municipio de Guayaquil por presuntas inconsistencias en la documentación del proyecto CAF XVI.
El 11 de julio de 2025, la Prefectura del Guayas, bajo disposición del MAATE, comunicó la suspensión al operador del proyecto. Esta medida precautoria permitió a las autoridades ambientales realizar las investigaciones respectivas. La viceministra Limongi explicó que el informe obtenido reveló serias irregularidades que afectaron la categorización del proyecto.
Inconsistencias clave en la documentación
Según las declaraciones de la viceministra, alguien categorizó mal el proyecto. El informe de prefactibilidad, disponible en el portal de compras públicas, señala que el 88,24% de los impactos ambientales serían de significación media y alta. Sin embargo, el permiso otorgado categorizó la obra como de bajo impacto, lo que contradice directamente los hallazgos técnicos. Esta inconsistencia fue el principal motivo para la acción de las autoridades.
Además, el proyecto no consideró actividades complementarias como la construcción de ductos y la remoción de suelo. Estas actividades, al ser incluidas en el simulador del sistema único de información ambiental, habrían resultado en una licencia ambiental de alto impacto. La omisión de estos detalles provocó que el permiso se obtuviera como un registro ambiental de bajo impacto, lo que constituye una grave irregularidad.
El MAATE actuó rápidamente tras recibir las denuncias, garantizando una respuesta oportuna ante la posible afectación ambiental. La suspensión del paso elevado busca proteger el medio ambiente y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes, estableciendo un precedente importante para futuros proyectos de infraestructura en el país.
Posibles consecuencias penales
Los legisladores Fernando Jaramillo y Camila León, presidenta de la mesa legislativa, lamentaron la ausencia de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Convocaron al funcionario a una sesión previa para rendir su versión sobre el tema, pero no asistió. Jaramillo sostuvo que el caso, al tratarse de presunta presentación de documentación ambiental falsa, podría tener consecuencias penales.
Según el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la falsedad u ocultamiento de información ambiental podría ser sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La legisladora León coincidió con Jaramillo y enfatizó que estas acciones demuestran un claro incumplimiento de la normativa ambiental. La investigación continuará para determinar las responsabilidades.
