En el marco de la fiscalización a los operadores de justicia, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana recibió información de la Fiscalía General del Estado. Sus delegados expusieron sobre los diversos procesos de investigación, en especial aquellos relacionados con delitos contra la integridad sexual.
Durante el período de análisis 2015-2025, se registraron 86.962 denuncias por delitos como violación, abuso sexual, acoso y distribución de material pornográfico.
Cifras alarmantes y mecanismos de denuncia
Darwin Padilla, director de Estadísticas y Sistemas de la Información, reveló que el visualizador público de la Fiscalía presenta información sobre más de 280 delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La información de las 86.962 denuncias está desagregada por año, mes, provincia y cantón.
Quito lidera el registro de casos con 17.085, lo que representa casi el 20 % del total. Le siguen las ciudades de Guayaquil y Cuenca. La Fiscalía busca optimizar la atención a las víctimas con un módulo de denuncia en línea, disponible desde 2020. Esta herramienta facilita el proceso, asegurando la confidencialidad de los denunciantes.
Esfuerzos institucionales y especialización
Alejandro Bañó, director de Derechos Humanos, informó sobre el plan de cobertura nacional de la Fiscalía. Cuenta con 929 fiscales. De ellos, 95 están especializados en violencia de género y 217 son multicompetentes para este tipo de casos. El país cuenta con 42 puntos de atención integral para víctimas de delitos sexuales.
En 2019, la Fiscalía creó un equipo interdisciplinario especializado en el seguimiento de estos casos. Este equipo ofrece un apoyo crucial a las víctimas. Paralelamente, opera el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos, diseñado para dar seguridad a quienes colaboran con la justicia.
Tecnología y desafíos pendientes
Jonathan Ramos, director de Política Criminal, destacó la creación de una unidad especializada en la investigación de delitos digitales. Esta unidad es vital para combatir crímenes como la distribución de pornografía infantil y el acoso en línea. Tras la comparecencia de los representantes de la Fiscalía, los legisladores solicitaron más información.
Pidieron datos sobre la carga procesal y los protocolos para evitar la revictimización de niños y adolescentes. La solicitud demuestra la preocupación por una atención integral. La Comisión busca garantizar que los procesos judiciales sean eficientes y humanos.
